La Dirección General de Justicia, dentro del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, ha culminado la digitalización de todos los registros civiles de Aragón, la primera comunidad autónoma del país en completarlo. Ejecutar todo el proyecto ha llevado un tiempo de casi cuatro años y ha tenido un coste de 2,8 millones de euros.
Tras la digitalización de los partidos judiciales de Teruel, Alcañiz y Calamocha, la provincia turolense ya se convirtió en la primera a nivel nacional en este ámbito. A continuación, se procedió la digitalización de los partidos judiciales de la provincia de Zaragoza y, para terminar, se acometió esta misma labor en los partidos judiciales de Huesca. La semana pasada concluyeron los trabajos.
Con esta digitalización se consigue la relación digital de los ciudadanos con el Registro Civil, lo que facilita trámites y hace posibles los servicios electrónicos directos al ciudadano y favorece la cohesión territorial entre la Comunidad. Por otro lado, se permite que los funcionarios de cualquier nivel de la Administración, con la habilitación que en cada caso corresponda, puedan atender cualquier servicio de Registro Civil de cualquier ciudadano y desde cualquier lugar, trabajando con la misma base documental centralizada, en tiempo real, con todos los mecanismos de seguridad y de calidad.
"Para Aragón, tener todos los registros civiles digitalizados significa igualar los derechos de todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan, y que todos tengan unos servicios públicos de calidad. Supone también que, si un ciudadano vive en Cedrillas o Zaragoza, tiene el mismo acceso a cualquier documento del Registro Civil. Quizás lo tenga incluso más fácil quien viva fuera de las grandes urbes, porque tendrá más inmediatez para la recepción de ese servicio público", ha manifestado la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez.
A su vez, ha puesto el énfasis en que Aragón ha sido la primera comunidad de España con todos sus municipios digitalizados. "De hecho, estamos facilitando los contratos que han permitido esta digitalización al resto de comunidades que nos los piden porque quieren hacer este mismo proyecto", ha apuntado María Ángeles Júlvez.
La iniciativa arrancó en 2018, con un proyecto piloto para los Registros Civiles de los partidos judiciales de Calatayud y Huesca. Continuó con la digitalización de registros civiles de Teruel, que se convirtió el año pasado en la primera provincia con este proceso completado, y siguió con la provincia de Zaragoza que faltaba, paso que concluyó el pasado mes de febrero. Para terminar, la semana pasada finalizaron los trabajos para digitalizar todos los registros civiles de la provincia de Huesca.
En total, han sido 9.257 los tomos digitalizados en todo Aragón.
La mayor parte provienen de la provincia de Teruel (que incluye los partidos judiciales de Alcañiz, Calamocha y Teruel), con 3.486, donde 1.806 son de nacimientos, 559 de matrimonios y 1.121 de defunciones.
En cuanto a Zaragoza (partidos judiciales de Calatayud, Tarazona, Zaragoza, Caspe, Ejea, Daroca y La Almunia), se han digitalizado 3.190 tomos, 1.027 de ellos de nacimientos, 669 de matrimonios y 1.494 de defunciones.
Respecto a Huesca (partidos judiciales de Barbastro, Boltaña, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón), los 2.581 tomos digitalizados se distribuyen en 861 de nacimientos, 630 de matrimonios y 1.090 de defunciones.
En total, el coste total del proyecto ha alcanzado los 2,8 millones de euros. Los fondos para transformar los libros registrales en Aragón han provenido en la última etapa de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) Next Generation. Abarca los libros de defunciones desde 1935 hasta hoy y los nacimientos y matrimonios desde el año 1950. Hay que recordar que el Gobierno de Aragón ha logrado captar en total más de 12 millones de euros con proyectos sobre la interoperabilidad del sistema Avantius o la propia digitalización.
Las comunidades autónomas solicitaron al Ministerio retrasar doce meses la ejecución del Proyecto 0, que vencía el pasado mes de junio, pero el Ejecutivo autonómico lo tiene ya ejecutado, lo que supone adelantarse un año al plazo límite. En el caso de los Proyectos Prioritarios 1, con 4 millones de euros para Aragón, también los gobiernos regionales solicitaron retrasar su ejecución de diciembre de 2023 a noviembre del 25, pero la Dirección General de Justicia ha decidido continuar con el primero de los plazos, con dos años de adelanto.