Guía de San Pedro Alcántara
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La Policía Nacional ha detenido a un empresario de Zaragoza como presunto responsable de una trama de explotación inmobiliaria ilegal en la capital aragonesa.
Las pesquisas se iniciaron en enero de 2025 por parte de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Zaragoza, tras recibir diversas informaciones que alertaban sobre una actividad ilícita consistente en la utilización de locales comerciales como alojamientos clandestinos, sin cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad ni contar con autorización administrativa.
Desde el inicio de la investigación se articuló una coordinación operativa entre diversas unidades de la Policía Nacional y se contó con el respaldo técnico y operativo de distintos servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, cuya intervención resultó clave en cada fase de la operación:
- El Servicio de Urbanismo elaboró informes detallados sobre la ausencia de licencias, la falta de cédulas de habitabilidad y las deficiencias estructurales de los inmuebles inspeccionados.
- El Cuerpo de Bomberos evaluó los riesgos derivados de las instalaciones eléctricas ilegales y la carencia de medidas básicas de protección contra incendios.
- La Policía Local participó activamente en las labores de control, precinto y apoyo a los dispositivos de intervención.
- Los Servicios Sociales realizaron valoraciones individuales de los afectados, facilitando recursos de alojamiento provisional a las personas en situación de especial vulnerabilidad.
Durante varios meses, los agentes analizaron contratos, expedientes administrativos, documentación falsificada y declaraciones de inquilinos y propietarios, acumulando pruebas que permitieron delimitar el alcance de la trama.
Locales convertidos en alojamientos clandestinos
Estas construcciones improvisadas carecían de ventilación, luz natural, aislamiento térmico y medidas mínimas de seguridad, lo que generaba condiciones extremas de hacinamiento. En algunos casos, hasta seis personas compartían una misma estancia, durmiendo en literas o camas dispuestas junto a alimentos y enseres personales.
Cada cama se alquilaba por un mínimo de 200 euros mensuales, a lo que se sumaban pagos adicionales por el uso de luz, agua o electrodomésticos. Todos estos suministros eran obtenidos de forma fraudulenta mediante conexiones ilegales.
Para reforzar la apariencia de legalidad, el responsable ofrecía empadronamientos irregulares en otras ubicaciones, a cambio de una contraprestación económica. Incluso tras conocer la fecha de desalojo judicial de un local, continuaba cobrando las mensualidades correspondientes, prolongando el engaño hasta el último momento.
Las investigaciones permitieron determinar que obtenía beneficios mensuales estimados en 25.000 euros, que había defraudado fluido eléctrico por más de 25.000 euros y que los daños causados en los locales superaban los 100.000 euros.
Desalojos en condiciones de hacinamiento extremo
El pasado 26 de mayo se ejecutó un desalojo judicial en dos locales situados en la urbanización Parque Roma. En el interior se localizaron 32 habitaciones y 103 camas, muchas de ellas dispuestas en literas, donde residían más de 120 personas, en su mayoría extranjeras y en situación administrativa irregular.
Durante la intervención, los policías constataron la grave situación de insalubridad, con espacios sin luz natural, ventilación ni condiciones básicas de seguridad. Enseres personales, alimentos y cables eléctricos improvisados se acumulaban en espacios reducidos.
Ante esta situación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza activaron recursos de atención inmediata, ofreciendo alternativas habitacionales a las personas en mayor situación de vulnerabilidad o sin redes de apoyo.
Al día siguiente, se desocupó voluntariamente otro local en la avenida San José, que había sido abandonado por sus ocupantes ante la inminencia del desalojo judicial.
Detención, entrada y registro
El 18 de junio, los agentes procedieron a la detención del investigado en la localidad de Utebo, realizando la entrada y registro en su domicilio, autorizada por el Juzgado de Instrucción, así como el bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias, interviniendo:
- 10.000 euros en efectivo, distribuidos en diferentes estancias.
- Abundante documentación relacionada con contratos de arrendamiento, empadronamientos irregulares y facturación.
- Dispositivos electrónicos de almacenamiento, susceptibles de contener información relevante para la investigación.
- Un datáfono, que era utilizado para gestionar y cobrar directamente los pagos efectuados por los inquilinos, tanto por las camas como por el acceso a suministros básicos.
Personas vulnerables engañadas y delitos imputados
El modelo de negocio ilícito se basaba en aprovecharse de la situación de exclusión social de numerosas personas, a quienes se ofrecían "habitaciones" en locales que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad ni higiene.
Muchas de las víctimas, sin acceso a otras alternativas residenciales, se veían obligadas a pagar elevadas sumas por una cama en espacios oscuros, compartidos y sin ventilación, en condiciones claramente indignas y de riesgo.
El detenido, al que se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental, daños, defraudación de fluido eléctrico y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pasó ayer a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con cargos.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar si existen más inmuebles afectados, identificar a posibles colaboradores y rastrear la totalidad de los beneficios obtenidos mediante esta actividad fraudulenta.
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