Comentarios
El alcalde de Benalmádena, Victor Navas; y la concejala de Bienestar Social, Alicia Laddaga, han ofrecido una rueda de prensa para informar sobre las distintas ayudas tramitadas desde el Ayuntamiento para ayudar a familias en riesgo de exclusión social a afrontar el pago del alquiler de sus viviendas. Un apoyo esencial en el contexto actual de crisis económica generada por la pandemia.
“El próximo 9 de agosto finaliza el escudo social que el Gobierno de la nación puso en marcha para proteger a las personas vulnerables de cara a un posible desahucio por un impago de alquiler, una situación que nos aboca a los ayuntamientos a tener la responsabilidad de ofrecer una respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas que se pueden quedar desamparados”, ha comenzado el alcalde.
“Nuestro modelo de ciudad no está unicamente basado en la sostenibilidad ambiental, sino también en la cohesión social, un elemento que debe contar entre sus ejes vertebradores el acceso a una vivienda digna”, ha planteado.
“Por ello, desde el Ayuntamiento de Benalmádena ponemos en marcha políticas que puedan contribuir a regular la oferta y demanda del mercado inmobiliario, facilitando el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad o alquiler”, ha subrayado Navas.
El alcalde ha recordado los cuatro pilares básicos de la política de vivienda del Ayuntamiento: incentivar el alquiler residencial de larga duración frente al turístico, “ni mucho menos por demonizar el alquiler turístico, sino para facilitar el acceso a una vivienda digna”; el reparto de ayudas económico-familiares para afrontar el pago del alquiler a familias en riesgo de exclusión, “de las cuales en el último año se han dado una media de 48.000 euros a personas que requerían una ayuda puntual para afrontar el pago de una fianza o de algún tipo de suministro”; agilizar la tramitación de las ayudas puestas en marcha por la Junta de Andalucía, “con un total de 198 solicitudes para ayudar a vecinos que tenían problemas con el alquiler”; y un programa transitorio de captación de viviendas privadas no habitadas para destinarlas al alquiler social.
“Tras el periodo de exposición y la publicación de la convocatoria, esperamos que para octubre sea una realidad que el Ayuntamiento disponga de una cartera de viviendas en alquiler para destinarla a personas vulnerables, corriendo la administración local con todos los gastos, y garantizando al propietario el pago del alquiler”, ha valorado.
“A pesar de que los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de vivienda, y que es la Junta la administración que debe dar respuesta a estas necesidades, este equipo de gobierno sí prevé medidas que faciliten el acceso a una vivienda para garantizar la cohesión social en el municipio”, ha finalizado.
La concejala ha detallado las diversas ayudas para el pago del alquiler y suministros básicos que actualmente tramitan desde Servicios Sociales.
“Se han tramitado ayudas para el pago del alquiler y suministros básicos que son competencia de la Junta, dirigidas a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y otras personas especialmente vulnerables, con un máximo de 500 euros para el alquiler y 200 euros para el suministro cada mes”, ha recordado la concejala.
Laddaga ha cifrado en 198 el número de solicitudes completas de este tipo de ayudas tramitadas desde Servicios Sociales, “con pagos divididos en cuatro, encontrándonos ya en la fase final del cobro de la ayuda completa”.
En cuanto a las ayudas al pago de alquiler y suministros básicos realizadas por Servicios Sociales a través de los recursos propios del Ayuntamiento, se han realizado a través de dos instrumentos básicos: las ayudas económico-familiares y las ayudas de emergencia. “Por estos conceptos hemos tramitado solo por los conceptos de alquiler y suministros básicos en el último año ayudas por valor de 48.267,42 euros”, ha detallado Laddaga.
“En relación a los gastos de alquiler no se han tramitado muchas ayudas dada la paralización de desahucios tras la declaración del primer estado de alarma y que, presumiblemente, finalizará en su vigencia el próximo 9 de agosto”, ha aclarado la edil.
“A partir de este momento, tendremos que redoblar el importe de las ayudas de emergencia para garantizar la alternativa habitacional de quienes se van a ver afectados por los lanzamientos de personas vulnerables hasta ahora paralizados y que rondan, según estimaciones de los Servicios Sociales municipales, entorno al centenar en Benalmádena”, ha advertido Laddaga.
“Por ello, se está estudiando un plan especial para atender estas situaciones mediante el aumento de ayudas de emergencia para hacer frente al arrendamiento de nuevas viviendas a aquellas personas vulnerables en riesgo de desahucio, con una nueva partida presupuestaria excepcional para redoblar las ayudas de emergencia”, ha adelantado la edil.
Comentarios
Aviso
