Guía de San Pedro Alcántara
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La Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía ha pedido a la Junta que paralice en el juzgado el desahucio de una pareja y sus tres hijos, un bebé de un mes y dos niños de 3 y 12 años, que ocuparon una vivienda de la agencia pública AVRA que llevaba cinco años vacía.
En una nota de prensa, la APDHA demanda a la Junta que paralice el proceso de lanzamiento hasta tanto ofrezca una alternativa habitacional para esta familia, que hace año y medio entró a vivir en un piso de Cádiz de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Junta de Andalucía.
Según un portavoz de APDHA, la familia ocupó este piso por no tener medios para conseguir otra vivienda y después de residir durante un tiempo en la casa de los padres de uno de los progenitores, que no tenía espacio para sus cinco miembros.
En la nota de prensa, la asociación expresa que "no comparte la ocupación de los pisos públicos, porque considera que la asignación de estos corresponde a la lista de demandantes que dispone el Ayuntamiento", pero "entiende perfectamente que la situación por la que están pasando muchas familias les lleven a tomar decisiones desesperadas".
"Se entiende aún mejor cuando nos consta que tanto PROCASA (agencia municipal de vivienda) como AVRA (agencia autonómica) mantienen vacías un buen número de viviendas, exclusivamente porque no quieren gastarse nada en el parque público para rehabilitarlas y ponerlas al servicio de la ciudadanía, y que algunas familias puedan dignificar su vida accediendo a una vivienda", indica la asociación.
Añade que Laura y su familia ocuparon un piso "que estaba vacío desde hace cinco años y se encontraba en lamentables condiciones, teniendo ellos que acometer desde sus posibilidades un mínimo adecentamiento del mismo".
La asociación asegura que "en la provincia sólo en el primer trimestre de 2025 se han producido 27 desahucios, la inmensa mayoría por impagos de alquiler", mientras se ha "privatizado suelo público para beneficio de unos pocos".
Se queja de que la Junta de Andalucía no le ha facilitado la lista de viviendas vacías.
La entidad social apunta que el caso de Laura y su familia, que este jueves cumplen el plazo voluntario que les ha dado el juzgado para abandonar voluntariamente la vivienda tras lo que se iniciará el proceso de ejecución judicial, tienen tres agravantes.
La primera, indica, es que existe un decreto que ha sido prorrogado hasta 31 de diciembre de 2025, que suspende la ejecución de los desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.
El "más sangrante, es que esta familia, al igual que en otros casos anteriores, tiene tres niños menores. ¿Cómo se atreve la Junta a echar a la calle a tres niños sin ofrecer una alternativa habitacional para que no duerman bajo un cartón?".
También critica que se haya iniciado mediante proceso penal, "lo que supone un agravante para las familias, ya que supone que lleguen a tener antecedentes penales, cuyas consecuencias son evidentes".
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