La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución y actividades vinculadas al tráfico de drogas en varios inmuebles de Granollers y Barcelona. La operación se ha saldado con 14 personas detenidas, una de ellas en prisión provisional, y con la liberación de dos mujeres que, según la investigación, eran víctimas de explotación.
La investigación sitúa el núcleo de la red en la localidad barcelonesa de Granollers, donde el grupo gestionaba varios pisos de prostitución y un local de alterne. Los agentes identificaron además a 17 posibles víctimas, lo que amplía el alcance social de una actuación centrada no solo en la estructura criminal, sino también en la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad.
Según la Policía Nacional, la organización captaba principalmente a mujeres latinoamericanas, en especial colombianas, aprovechándose de su situación económica. En algunos casos, las víctimas recibían falsas ofertas de empleo en el sector de la hostelería antes de viajar a España. Una vez en el país, se les comunicaba la actividad real que debían realizar y se les imponía una deuda relacionada con los gastos del traslado.
Ese endeudamiento era, según los investigadores, uno de los mecanismos utilizados para mantener el control sobre las mujeres. La red también habría captado a víctimas que ya se encontraban en España, ofreciéndoles plazas en los pisos o en el local de alterne que controlaba. El patrón descrito por la investigación coincide con procedimientos habituales de las redes de trata: promesas laborales, dependencia económica y aislamiento progresivo.

Las condiciones impuestas eran especialmente restrictivas. En los pisos, las mujeres debían permanecer disponibles todos los días y, en algunos casos, durante toda la jornada. En el local de alterne, la disponibilidad se extendía desde las 17.00 horas hasta las 04.00 horas. La investigación apunta además a un control constante de sus movimientos y, en determinados casos, a la retirada de documentación personal con distintos pretextos.
La organización obtenía beneficios mediante el reparto de ingresos generados en los servicios y el cobro de cantidades semanales por el uso de habitaciones. La Policía sostiene que las víctimas estaban sometidas a un sistema de dependencia que limitaba su capacidad para abandonar la red y reforzaba el control económico de los responsables.
La investigación también vincula los inmuebles utilizados por la red con la distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos sujetos a prescripción. Durante los registros, los agentes intervinieron 96.590 euros en efectivo, aproximadamente 120 gramos de cocaína, nueve gramos de tusi y 173 blísteres de medicamentos para la disfunción eréctil.
Además del dinero y las sustancias intervenidas, la operación permitió incautar cuatro vehículos, una motocicleta, varios teléfonos móviles, documentación relacionada con la investigación y 38 cartuchos del calibre 9 milímetros. Estos hallazgos refuerzan, según la investigación, la dimensión organizada del entramado y su capacidad logística.
La fase operativa incluyó 11 entradas y registros en Granollers, Santa María de Palautordera y Barcelona. En esas actuaciones fueron arrestadas inicialmente 13 personas. Posteriormente, el 30 de junio de 2026, fue localizado y detenido en Las Palmas de Gran Canaria otro de los principales investigados, que se encontraba huido desde la primera fase de la operación.
En total, las detenciones se practicaron en Granollers, Barcelona, La Roca del Vallès, Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. La distribución territorial de los arrestos refleja que la red no actuaba de forma aislada en un único punto, sino que contaba con conexiones en varias ciudades.
La Policía Nacional mantiene abierta la línea de colaboración ciudadana para casos de trata a través del teléfono 900 105 090 y del correo trata@policia.es. Las comunicaciones pueden realizarse de forma anónima y confidencial, una vía considerada clave para detectar situaciones de explotación que, con frecuencia, permanecen ocultas por el miedo, la dependencia económica o el control ejercido sobre las víctimas.





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