El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado el mecanismo de optimización de la cuota de patudo en el Atlántico, una medida que permitirá a los buques que hayan agotado su cupo seguir faenando mediante el uso de cuota sobrante de otros barcos. La cantidad disponible asciende a 2.927.883,42 kilogramos, calculada a partir de los consumos registrados en las tres últimas campañas.
La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, busca evitar que parte de las posibilidades de pesca asignadas a España quede sin utilizar mientras otros buques deben detener su actividad antes de finalizar la campaña. El mecanismo introduce así una redistribución interna del sobrante para mejorar el aprovechamiento de la cuota disponible dentro de los límites establecidos para esta especie.
El impacto de la medida afecta a varias flotas españolas que participan en la captura de patudo en aguas atlánticas. Entre ellas figuran la flota atunera cerquera de gran altura, las flotas cañera y artesanal de Canarias, el palangre de superficie y otros segmentos que capturan esta especie de forma accesoria. Para estos barcos, el acceso al sobrante puede suponer la continuidad de la actividad pesquera y una mayor estabilidad para tripulaciones y empresas durante la campaña.
El patudo, también conocido como atún de ojo grande, es una especie de alto valor comercial y sometida a control internacional por su importancia para el equilibrio de los recursos pesqueros. La zona atlántica está regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, organismo que fija criterios de conservación y gestión para las pesquerías de túnidos y especies afines.
La activación de este mecanismo llega en un contexto en el que la gestión de las cuotas pesqueras combina tres prioridades: mantener la actividad económica de la flota, evitar el desperdicio de posibilidades de pesca ya asignadas y respetar los compromisos de sostenibilidad. Agricultura enmarca la medida en la legislación de pesca sostenible y en los principios de la Política Pesquera Común, que incorpora criterios medioambientales, sociales y económicos.
El sistema responde también a una situación detectada en campañas anteriores: algunos buques no llegaban a consumir toda su cuota, mientras otros agotaban la suya antes de cerrar la temporada y quedaban sin margen para continuar. Con la redistribución del sobrante, el Gobierno pretende corregir ese desequilibrio operativo y mejorar la eficiencia de la gestión pesquera sin aumentar la cuota total autorizada.
La medida tendrá especial relevancia para las comunidades y puertos vinculados a la pesca del atún, en particular en Canarias y en las bases de flotas de gran altura. La continuidad de la actividad puede tener efectos directos sobre el empleo, la planificación de mareas y la cadena de suministro asociada a la transformación y comercialización del pescado.





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