El Pleno de Alicante exige al Consell que solucione la huelga del autobús interurbano que deja a miles de jóvenes sin el 'búho'

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado por amplia mayoría este jueves exigir al Consell de Ximo Puig que solucione la huelga de autobuses interurbanos, especialmente sensible en el servicio nocturno desde hace seis meses afectando a 130.000 usuarios "fundamentalmente jóvenes que se han quedado sin el 'búho' que les garantice llegar seguros a sus casas de madrugada", tal y como ha defendido el concejal de Transporte Manuel Villar.

En la declaración institucional se reclama además que se atienda las peticiones que arrastran los trabajadores desde hace ocho meses a las que ha hecho 'oídos sordos' la Conselleria de Transportes, titular del contrato. Además, se ha recordado que la Generalitat -como administración competente- debe impulsar un sistema de transportes metropolitano que armonice todos los modos de transporte que conecta la capital con los municipios de l'Alacantí.

De la misma forma, el Pleno ha manifestado su "total rechazo" al traslado definitivo de Alicante a Valencia del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu), consumado el pasado día 11 y exige al Consell, que preside Ximo Puig su mantenimiento en la capital alicantina, ya que su centralización en Valencia "un considerable empeoramiento de la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la provincia".

De la misma forma, el Pleno se ha pronunciado mayoritariamente en la exigencia a la Generalitat del abono de las ayudas al alquiler que los jóvenes de la Comunidad Valenciana llevan meses sin cobrar, dando proyección a las tres declaraciones institucionales presentadas por el equipo de gobierno municipal, integrado por PP y Ciudadanos.

La declaración sobre la exigencia del mantenimiento de la coordinación del CICU en Alicante ha sido respaldada por 15 votos de PP (9), C's (4) y Vox (2) el voto en contra de PSOE (9), Podemos (2) y Compromís (2). La declaración con el requerimiento de soluciones para la huelga del autobús interurbano ha sido apoyada por 15 votos de PP (9), C's (4) y Vox (2), el voto en contra de PSOE (9), Podemos (2) y Compromís (2). Y la iniciativa referente al pago de las ayudas del alquiler a los jóvenes ha salido adelante con 15 votos a favor al contar con el apoyo de los votos de PP (9), C's (4) y Vox (2) y el rechazo de PSOE (9), Compromís (2) y Vox (2).

El Pleno también ha respaldado por unanimidad la declaración institucional para declarar Bien de Interés Cultural el Hércules C.F., con motivo de su centenario, y siguiendo la estela de una declaración similar para el Huelva en Andalucía.

El Pleno exige, con la aprobación de esta declaración institución, al Consell de Ximo Puig que intervenga "de una vez" y medie para poner fin a la huelga de autobuses nocturnos en l'Alacantí, "que afecta a los trabajadores, deja sin servicio a 130.000 vecinos de la comarca y causa un grave perjuicio a los usuarios, en su mayoría jóvenes". El texto impulsado por el Ejecutivo municipal recuerda que el paro se prolonga ya durante casi nueve meses y recuerda la competencia de la Generalitat y la exigencia de impulsar un sistema metropolitano de transporte, como el de Valencia, en el que se integren todos los municipios de l'Alacantí.

"La pasividad de Puig y de su consellera de Movilidad, Rebeca Torró, empeora las consecuencias de una huelga que afecta a las líneas 21N, 23N y 24N, que conectan la ciudad de Alicante con los municipios de El Campello, San Juan, Muchamiel y San Vicente del Raspeig", sostiene la declaración. "La Generalitat no puede seguir mirando hacia otro lado ante este conflicto", prosigue, "haciendo dejadez de sus funciones, y se tiene que implicar de una vez por todas en el desacuerdo que enfrenta a los trabajadores con la empresa concesionaria del servicio para que los autobuses vuelvan a circular por las noches los viernes, sábados y vísperas de festivos, cuando finaliza el servicio diurno a las 22:30 horas". A consecuencia del conflicto laboral, los servicios mínimos se han reducido a sólo dos salidas desde la Plaza del Mar, una a las 0.00 horas y otra a la 1.00.

La declaración institucional rechaza que, al no existir el servicio nocturno de autobús, el coche se convierta en la única alternativa los fines de semana para los jóvenes que vuelven o se desplazan a Alicante ciudad, con los peligros e inconvenientes que ello conlleva, como mayor posibilidad de accidentes de tráfico y colapso en las paradas de taxis, entre otros. "La Conselleria es la responsable de la gestión del transporte metropolitano y no puede pretender que la solución ante esta problemática sea que la gente, sobre todo los jóvenes, se desplacen en sus vehículos particulares y pase de este modo la patata caliente a empresa y trabajadores", recalca el equipo de Gobierno.

Al mismo tiempo, recuerda que éste no es el único problema que sufre la comarca en materia de transporte, ya que Alicante sigue sin estar conectado por Tram con núcleos urbanos tan importantes y con un alto número de residentes como San Juan o Muchamiel. "Llevamos años esperando el proyecto anunciado por el tripartito de Ximo Puig y sigue sin materializarse, con los problemas que este incumplimiento genera. No se puede entender cómo una comarca como l'Alacantí, con toda la población residente y flotante que tiene, no tenga una conexión desde hace años en Tram", incide.

La declaración institucional recuerda que los trabajadores iniciaron estas movilizaciones para reivindicar una serie de medidas que afectan desde hace años a sus condiciones laborales, como jornadas de trabajo de hasta nueve horas sin tener en cuenta los tiempos de descanso, la ausencia de aseos en las cabeceras que provoca que tengan que hacer sus necesidades en descampados o la falta de personal de seguridad en autobuses nocturnos debido a las complicaciones que presenta este servicio en particular, "pero ninguna de estas demandas han sido atendidas por el Gobierno de Puig".

Frente a esta situación, "la Generalitat prefiere lavarse las manos en lugar de actuar y ha decidido que sean los trabajadores y la empresa los que alcancen un acuerdo, pero se olvidan que es una competencia suya, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y que están obligados a dar este servicio y a mediar ante un conflicto tan grave, que a tantos ciudadanos afecta y que tanto se está alargando en el tiempo", concluye la declaración institucional. "Se trata de un perjuicio que afecta a miles de alicantinos y que desde el Gobierno de Ximo Puig nadie mueve un dedo para solucionarlo".

A través de esta otra declaración institucional, el Pleno ha expresado su rechazo al traslado a Valencia del Centro de Coordinación de Urgencias, Cicu, desde el pasado día 11 y ha exigido al Consell de la Generalitat que "escuche las demandas de los trabajadores de emergencias sanitarias y aporte respuestas a sus denuncias y necesidades para facilitarles su trabajo y actuación y no les dé la espalda con mentiras e impedimentos".

En la declaración se señala que "este desmantelamiento sanitario es otro revés y agravio comparativo para la ciudad y la provincia a manos del tripartito de Puig" y tilda de "hipocresía" que el presidente de la Generalitat abandere los intentos de descentralizar instituciones del Estado radicadas en Madrid, "pero en la Comunidad donde gobierna centraliza todo lo que puede en Valencia".

"Contra esta decisión del Consell se han manifestado ya trabajadores de urgencias sanitarias, profesionales del servicio SAMU y sindicatos médicos como el CESM, para mostrar su rechazo a una medida que les perjudica profundamente, puesto que, a partir de este momento, toda la coordinación de las ambulancias se hará desde Valencia, adonde deberán trasladarse los operadores y coordinadores para desarrollar su trabajo", se subraya en el acuerdo declaración institucional.

"La centralización de este servicio requiere de especialistas de cada provincia que conozcan la geografía y peculiaridades del territorio; de forma que los coordinadores y locutores que se desplacen desde Alicante tendrán que recorrer 400 kilómetros entre ida y vuelta para hacer una guardia de 12 horas o alquilarse una habitación o una vivienda entre varios. Esto es un despropósito en toda regla y por ello, no todos los profesionales han pasado por el aro de trasladarse. Algunos se han ido al paro y otros a la bolsa de empleo en busca de otro puesto de trabajo en la provincia", añade.

El equipo de Gobierno recuerda en su escrito que un problema similar ya se generó con la centralización del Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) y los servicios de personal, tal y como denunciaron los sindicatos médicos y el personal del Samu. Asimismo, han alzado la voz por las "múltiples disfunciones" que se producen en la llegada de material sanitario, desde que su distribución también se ha centralizado en Valencia. "Desde octubre tienen que mendigar sueros, collarines o electrodos por los hospitales, y cuando se han quejado a la Conselleria la única respuesta que recibían era una acusación, infundada, de querer suspender el servicio de las ambulancias. Es lamentable, pues el tripartito Puig debe estar para solucionar los problemas, no para crearlos ni para simular que no existen", recalca.

La declaración institucional en la que se reclama el pago de las ayudas al alquiler de los jóvenes se denuncia que "el gobierno presidido por Ximo Puig vuelve a dejar en la estacada a miles de jóvenes en toda la Comunidad Valenciana y en Alicante, al retrasarse y no abonar en tiempo y forma las subvenciones debidas como ayuda para alquilar una vivienda".

En el documento se explica que el programa de ayudas bono alquiler joven impulsado por la Generalitat Valenciana concede a las personas beneficiarias que reúnan ciertos requisitos una ayuda de 250 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda'. "El problema reside, como siempre, en que todo lo que gestiona el Tripartito Botánic se convierte en catástrofe".

"Este retraso en el pago del bono alquiler por parte de la Conselleria de Vivienda, ha roto los esquemas -y los planes- a casi 3.700 jóvenes en toda la Comunidad, de los cuales cerca de 1.360 son de la provincia de Alicante. Esta ayuda fue concedida el pasado octubre, pero este número de jóvenes del que hablamos, todavía, a finales de enero de 2023, no ha recibido ni un solo euro de dicha subvención, con todos los problemas que ello acarrea; posibles impagos a los arrendadores, adeudar recibos y en el peor de los casos, tener que dejar el piso que habían alquilado por no poder satisfacer el importe del arrendamiento", resalta.

Los jóvenes son uno de los colectivos que más está sufriendo la crisis económica actual que vivimos, con la inflación disparada, la cesta de la compra por la nubes, carburantes y energía imposibles de pagar, los ajustados sueldos que perciben y con el patente problema de base que existe en nuestro país sobre la imposibilidad de poder comprar una vivienda por parte de los jóvenes, e incluso, ni poder emanciparse alquilando una vivienda, puesto que en las grandes ciudades, no paran de subir los precios de los arrendamientos. Por todo ello, se forma un cuello de botella en la situación de miles de jóvenes que, no pueden adquirir una vivienda por no poder acceder a una hipoteca, pero tampoco pueden alquilarla por los altísimos precios en los que se encuentran, se explica en la declaración.