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La titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado contra 14 investigados por presuntos sobrecostes y otras irregularidades en contratos de obras públicas destinados al mantenimiento y la reforma de instalaciones de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana entre 2018 y 2022.
Entre los encausados figuran un teniente coronel que ejerció como interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) en la 6ª Zona del Instituto Armado, otro agente y varios empresarios vinculados a las adjudicaciones investigadas.
Según la resolución, las diligencias practicadas han permitido apreciar indicios racionales de criminalidad por la posible comisión de delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y grupo criminal.
Con este auto, la magistrada da por concluida la fase de instrucción y acuerda trasladar las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones personadas. Las partes deberán solicitar la apertura de juicio oral con sus escritos de acusación, pedir el sobreseimiento de la causa o reclamar, de forma excepcional, nuevas diligencias complementarias.
Documentación judicial y elementos de obra pública vinculados a una investigación por presuntas irregularidades administrativas
La instructora ha dejado fuera del procedimiento a otros dos investigados, para quienes acuerda el sobreseimiento provisional en el mismo auto, fechado el 20 de julio. La resolución puede ser recurrida en reforma y/o apelación.
El principal investigado, el teniente coronel citado en la resolución, se habría valido de su posición como jefe de la UGE y de la confianza de sus superiores para "crear en su propio beneficio una red de empresarios y sociedades a través de las que pudo manipular la obra pública de la Guardia Civil", según recoge el auto.
Entre las irregularidades descritas, la magistrada señala el presunto fraccionamiento indebido de facturas para eludir controles administrativos, la adjudicación reiterada de contratos a sociedades de un mismo empresario y la emisión de facturas por importes muy superiores al valor real de los trabajos ejecutados o, incluso, por trabajos que no se habrían realizado.
Los informes elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude y por Asuntos Internos de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil apuntan a que, en algunas actuaciones, los sobrecostes habrían rondado el 200%. El perjuicio total para las arcas públicas ascendería a decenas de miles de euros.
El auto también describe indicios de una "supuesta red de corrupción sistémica" que, siempre según la investigación, habría estado liderada por el teniente coronel con el objetivo de "enriquecer su patrimonio inmobiliario" en la localidad valenciana de Siete Aguas. Para ello, varios proveedores adjudicatarios de contratos públicos habrían ejecutado obras privadas en su vivienda.
La resolución alude además a la "opacidad financiera" en la adquisición de algunas propiedades inmobiliarias, por el supuesto pago de dinero en efectivo "sin trazabilidad bancaria ni soporte documental de origen".
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