San Pedro Alcántara
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La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la venta de perros sometidos a amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo. La operación, denominada Goscan, se ha cerrado por el momento con 14 personas detenidas y otras seis investigadas por presuntos delitos contra los animales, intrusismo profesional y falsedad documental.
La organización operaba desde España y, según los investigadores, utilizaba documentación manipulada para presentar como legales unas intervenciones prohibidas salvo por motivos clínicos justificados. La trama también tenía actividad internacional y llegó a exportar y vender ejemplares en México.
El origen de la investigación
El caso comenzó después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres por una dolencia médica. Durante la atención al animal, los profesionales detectaron amputaciones recientes en las orejas y el rabo, circunstancia que dio lugar a las primeras comprobaciones policiales.
El propietario del perro aportó una certificación que situaba las intervenciones en Rusia, país donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas. Sin embargo, las gestiones realizadas con las autoridades rusas confirmaron que el documento era falso y que había sido elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y eludir la normativa española.
Las pesquisas condujeron hasta un criadero de Alicante. En una primera fase fueron detenidas tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del establecimiento. Posteriormente, los agentes identificaron una estructura más amplia, presuntamente liderada por la propietaria del criadero, su pareja y una tercera persona próxima a ambos.
Certificados falsos para simular operaciones legales
Según la investigación, la red comercializaba perros y llegaba a pactar con algunos compradores la realización de cortes de orejas y rabo conforme a sus preferencias estéticas. Para dar apariencia de legalidad a esas intervenciones, los responsables del criadero entregaban certificados y documentos presuntamente falsificados.
La Guardia Civil sostiene que la organización no solo vendía los animales, sino que también facilitaba instrucciones posteriores a los compradores. Entre el material intervenido figuran vídeos explicativos sobre cómo curar las heridas provocadas por las amputaciones, una práctica que refuerza la sospecha de que los implicados conocían el carácter irregular de las cirugías.
Los investigadores consideran que tanto vendedores como algunos compradores eran conscientes de la ilegalidad de las intervenciones y de la falsedad de la documentación utilizada para justificarlas. En varios casos, los compradores habrían adquirido los perros con las orejas y el rabo intactos y posteriormente habrían solicitado o consentido las amputaciones.
Por estos hechos, seis personas permanecen investigadas penalmente y otras nueve han sido detenidas en una fase posterior de la operación. La causa incluye presuntos delitos contra los animales, falsedad documental e intrusismo profesional, según las diligencias practicadas por los agentes.
La investigación también ha puesto el foco en un veterinario colegiado, detenido por su presunta colaboración con la trama. Según las pesquisas, este profesional habría facilitado pasaportes y documentos oficiales en blanco, ya firmados y sellados con su número de colegiado, para que después fueran cumplimentados por la responsable del criadero.
Microchips implantados sin habilitación veterinaria
Los agentes sostienen además que la titular del criadero implantaba microchips a los cachorros de las camadas sin contar con la titulación o habilitación veterinaria necesaria. Esta práctica se suma al uso de documentación manipulada y a la supuesta participación de personas sin competencias profesionales para intervenir en actos propios de la actividad veterinaria.
La operación Goscan ha permitido descubrir una estructura dedicada a vender animales intervenidos ilegalmente y a presentar esas amputaciones como si hubieran sido practicadas de forma legítima en el extranjero. Para los investigadores, la red combinaba la comercialización de perros, la falsificación de documentos y la facilitación de cirugías estéticas prohibidas.
Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado competente de Novelda, en Alicante, que deberá determinar ahora el alcance penal de los hechos y la responsabilidad de cada uno de los implicados.
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