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El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado hoy en Córdoba su Comisión Permanente ampliada con la representación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la provincia, Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), UGT y CCOO, con el objetivo de analizar la situación de la negociación colectiva en esta provincia, así como los datos derivados de la gestión del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) durante el año 2023.
Con la participación de la delegada territorial de Empleo, María Dolores Gálvez, la comisión ha estado integrada, entre otros, por José Manuel Gómez Muñoz, presidente del CARL; Luis Roda, director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta; Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); el secretario general de CECO, Joaquín Gisbert; la secretaria de Condiciones de Trabajo de CCOO Andalucía, Yolanda Carrasco; la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego; el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Julián Vileya; y el secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares.
La Comisión Permanente del CARL ha subrayado el peso económico, jurídico y social de los convenios colectivos suscritos en 2023, que en su totalidad afectan a 5.519 empresas y a casi 40.000 personas trabajadoras. En números globales, la situación actual ofrece un ámbito de afectación de 35.082 empresas y 193.268 personas trabajadoras acogidos a convenios colectivos vigentes en la provincia cordobesa.
Entre los convenios colectivos firmados en 2023 en la provincia de Córdoba, la Comisión Permanente del CARL ha destacado de manera especial la firma de los convenios del Metal (2.285 empresas y 16.119 personas trabajadoras), del Transporte de Mercancías por Carretera (1.200 empresas y 5.000 personas trabajadoras), Industrias Panificadoras (500 empresas y 3.000 personas trabajadoras), Industrias del Aceite y Sus Derivados (200 empresas y 4.500 personas trabajadoras) , Clínicas Privadas (600 empresas y 2.400 personas trabajadoras), Madera y Mueble (750 empresas y 4.000 personas trabajadoras) y Limpieza de Edificios y Locales (73 empresas y 4.750 personas trabajadoras), entre otros.
En 2024, las negociaciones de convenios colectivos estarán focalizadas en distintos sectores, algunos de ellos de gran alcance en la provincia cordobesa como el del Comercio, que afecta a 14.000 empresas y a 40.000 personas trabajadoras; o el de la Construcción, con 2.785 empresas y 21.000 personas trabajadoras.
En el capítulo de convenios en negociación que en los próximos meses esperan la constitución de la mesa de negociación son los del Campo, Hostelería, Transporte de Viajeros por Carretera, Oficinas y Despachos y Derivados del Cemento. Estos tres últimos suman un importante número de empresas, 600, y de personas trabajadoras, 8.526.
Acción del SERCLA en Córdoba
La Comisión Permanente del CARL ha valorado también muy positivamente la acción del SERCLA en la provincia de Córdoba durante el año 2023, en el que se presentaron un total de 92 expedientes de conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a 4.999 empresas y 39.625 personas trabajadoras, un número muy superior, que casi duplica, los expedientes presentados en el año anterior, en el que se presentaron 53 expedientes, que afectaron a 1.273 empresas y 64.578 personas trabajadoras.
En este sentido, el número de expedientes presentados en Córdoba en 2023 supusieron el 11,36% del total de Andalucía, afectando al 19,12% de las empresas y al 6,48% del total personas trabajadoras afectadas en toda la Comunidad Autónoma.
De esos 92 expedientes de conflicto colectivo presentados en el SERCLA de Córdoba, se tramitaron un total de 59 expedientes, en los que se alcanzó un acuerdo en el 28,81% de ellos, lo que supone duplicar los resultados del misma fecha del año 2022, en el que el porcentaje de acuerdos fue del 14,70%.
La mayoría de los procedimientos presentados fueron previos a la vía judicial (63), lo que supone un 68,48% del total, alcanzándose la avenencia en el 16,28% de los casos. También se registraron 19 procedimientos previos a la huelga, alcanzándose un acuerdo en un 44,44% de las mediaciones realizadas. Además, se registraron 10 procedimientos de conflictos de intereses o de bloqueos de negociación, con un porcentaje de avenencia del 85%.
Respecto a los conflictos individuales, durante el año 2023 se presentaron ante el SERCLA de Córdoba un total de 86 expedientes (un 30% más que en el 2022). La tramitación efectiva se alcanzó en 62 de esos expedientes, con un porcentaje de avenencia del 27,4%.
II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva
Asimismo, durante la celebración de la Comisión Permanente se ha presentado el II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva del CARL a la personas responsables de los procesos de negociación en la provincia, así como la implementación de medidas previstas para 2024, fundamentalmente referidas a la formación de las personas negociadoras y a la elaboración de recomendaciones y cláusulas tipo.
El II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva Andaluza (II PANC 2023-2025) es una medida incluida en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía firmado en marzo, y que cuenta con 7 objetivos estratégicos, 14 objetivos operativos y 77 medidas de apoyo de cara a fortalecer y agilizar la negociación de los convenios colectivos.
El CARL, que integra a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma, es un órgano de concertación y diálogo permanente en el ámbito de las relaciones laborales que vela por el impulso de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, como instrumento de diálogo y de ordenación de las relaciones laborales y la promoción de su adecuación a la realidad sociolaboral.
El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el SERCLA, tiene, por su parte, los objetivos de solucionar conflictos laborales, canalizar discusiones y desacuerdos en ese ámbito, evitar la judicialización de la conflictividad laboral, y promover la paz social y el desarrollo económico.
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