Mañueco valora el trabajo conjunto con organizaciones agrarias y cooperativas para lograr que la nueva PAC cuente con importes anuales similares a la actual

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, se ha reunido esta mañana con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL) y la Unión de Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (URCACYL) para abordar la nueva PAC (Política Agraria Común). Un texto, para el periodo 2023-2027, sobre el que el jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado el trabajo conjunto de la mano del sector que ha llevado a lograr que la Comunidad mantenga unas percepciones anuales de importes similares a las vigentes en el actual marco regulatorio.

Durante el encuentro se ha presentado el resultado de los trabajos llevados a cabo por Castilla y León en la elaboración del Plan Estratégico PAC, cuyo documento inicial se remitió a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España el pasado 29 de diciembre. Un Plan que no es el que hubiera elaborado Castilla y León, ha trasladado Fernández Mañueco, quien también ha asumido que los intereses de la Comunidad no coinciden con los del resto de territorios. Ha lamentado que el texto comunitario suponga más exigencias medioambientales que no lleguen acompañadas de compensaciones para los agricultores y ganaderas.

Además, el presidente de la Junta ha señalado que en Castilla y León tampoco gusta el recorte del 2 % con el que nace la nueva PAC, aunque ha valorado que se ha conseguido enderezar la mayoría de las propuestas del Estado que eran perjudiciales para la Comunidad. Y el proceso, ha señalado, no ha terminado, por lo que se continúa trabajando de la mano del sector, con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas.

Los trabajos y negociación con el Estado para la elaboración de este Plan han tenido como referencia el documento de Posición Común de la Comunidad de Castilla y León ante la futura PAC, formalizado el 12 de marzo de 2018. El nuevo texto comunitario trae consigo más autonomía para los Estados miembros, ya que respetando unas reglas idénticas para toda la UE, cada Estado tiene que definir en su territorio las ayudas de la PAC que existirán, cómo se determinarán y quienes serán los beneficiarios. Por eso es necesario elaborar un Plan Estratégico de la PAC en cada Estado miembro y presentarlo a la Comisión Europea, que tendrá que autorizarlo finalmente.

En la negociación de las comunidades autónomas con el Gobierno de la nación ha quedado patentes los diferentes modelos de agricultura que existen en España, frente a una agricultura totalmente identificada con el agricultor profesional, como es lo que caracteriza a Castilla y León, existen otros modelos de actividad agraria a tiempo parcial y complementaria. Esto ha motivado que en la definición del beneficiario de las ayudas de la PAC, el “agricultor” activo”, se tendrá en cuenta aquellos que estén afiliados a la seguridad social agraria por cuenta propia, o aquellos cuyos ingresos agrarios como mínimo representen el 25 % del total de sus ingresos o aquellos que el año anterior perciban menos de 5.000 euros de ayudas directas de la PAC. En consecuencia se va seguir una línea continuista y no excluyente como hasta ahora, que provocará que disminuyan los perceptores por la nueva definición de agricultor activo.

La nueva ayuda básica en su conjunto va a pasar de suponer el 56 % de las ayudas directas al 60%, desglosado en lo que será realmente la ayuda básica, 50 %, y un 10 % correspondiente a la nueva ayuda denominada pago redistributivo, que irá dirigido a compensar en un mayor nivel a las pequeñas y medianas explotaciones.

La Junta de Castilla y León, que defendía que este pago redistributivo fuera exclusivamente a agricultores profesionales, al final ha conseguido que se compense en mayor medida los estratos de superficie mediana que están más identificados con la agricultura profesional. De hecho, las explotaciones de secano de hasta 130 hectáreas verán incrementada su ayuda básica.

El sistema de regiones productivas agrarias va a pasar de 50 a 20. Este sistema es la base para definir los importes de la ayuda base. Esta simplificación se ha realizado reagrupando regiones actuales. El sistema final “beneficia a Castilla y León”, ha valorado en este sentido el consejero. En cultivos de secano se mantiene un sistema equilibrado, en los de regadío se ha conseguido diferenciar en positivo las zonas en las que se está invirtiendo en la modernización de regadío, mientras que los cultivos leñosos se equilibran los pagos para que puedan seguir desarrollándose en la Comunidad. Por lo que se refiere a los pastos, se ha conseguido ajustar la propuesta final para beneficiar a la ganadería extensiva castellano y leonesa.

Además se mantiene el sistema de derechos y la convergencia interna se realizará de forma más pausada, como demandaba Castilla y León, de manera que en 2026 todos los derechos de cada una de las regiones valdrán como mínimo el 85 % del valor medio de cada una de ellas, y en 2029 valdrán igual para cada región. Esto permitirá una transición más equilibrada para las explotaciones afectadas.

Otra de las novedades de la nueva PAC es la limitación de los pagos y la degresividad. A partir de 60.000 euros y hasta 75.000 se reducirá el 25 % de la ayuda básica, en el tramo de 75.000 a 90.000 euros se reducirá el 50 %, entre 90.000 a 100.000 euros la reducción será del 85 % y del 100 %, lo que supere este último límite. No obstante, para el cálculo de las reducciones se podrán descontar los costes salariales.

Este sistema tendrá un impacto “muy reducido” en la Comunidad, y menos aún tras haber conseguido que en las cooperativas, sociedades agrarias de transformación y explotaciones de titularidad compartida, el cálculo de la reducción se haga teniendo en cuenta el número de socios y no la entidad de forma individual, excluyéndose por tanto, en la práctica a estas entidades.

Las mayores exigencias medioambientales llegan recogidas en la denominada “condicionalidad reforzada”, que es el conjunto de requisitos legales y buenas condiciones agrícolas y medioambientales, que serán necesarios cumplir para poder acceder a las ayudas de la nueva PAC. Unas exigencias que no tendrán compensación. Desde Castilla y León se ha trabajado para que no supongan un gran esfuerzo para los agricultores y ganaderos y se ha conseguido que esta nueva condicionalidad no sea tan exigente como inicialmente se preveía. Así, se ha sustituido la rotación anual de todas las parcelas por una diversificación de cultivos en la explotación, similar a la exigida actualmente para el pago verde, y con una rotación en parcela al cuarto año en vez de ser anual.

Además, en la reunión se ha destacado que en los ecoesquemas, que sustituirán al actual pago verde, se ha logrado que el diseño final permita el acceso a estas ayudas por los agricultores y ganaderos de Castilla y León, percibiendo importes similares o incluso mayores a lo que actualmente venían percibiendo con el pago verde. Habrá ayudas por ecoesquemas para el uso de pastos en la ganadería, por la rotación de cultivos en secano y regadío y por dejar elementos improductivos en la explotación.

A petición de Castilla y León, la degresividad, o reducción de las ayudas a partir de un número de hectáreas determinado, sólo se aplicará si se supera la asignación financiera para estas medidas, 1.100 millones de euros al año para toda España.

Castilla y León ha mejorado en la negociación la situación de los jóvenes en la nueva PAC, siguiendo la importante apuesta que ya está desarrollando por ellos. Así se duplicará el valor actual unitario que perciben, pasando del 50% del importe medio de cada región productiva al 100 %, y además se ha logrado incrementar el número de hectáreas por las que se recibirá esta ayuda, pasando de 90 a 100 hectáreas.

Para las mujeres que se incorporan como jóvenes agriculturas, las ayudas se incrementarán un 15 %.

Una de las principales líneas de trabajo de Castilla y León en la negociación han sido las ayudas asociadas a la producción por ir destinadas a sectores vulnerables, como son los de la ganadería. En este sentido, resultado ha sido muy positivo, pues se ha conseguido mantener las ayudas, destinadas a la ganadería de vacuno de leche y de carne, al ovino y caprino, a las proteaginosas y oleaginosas, al cultivo de la remolacha y a los frutos secos, además de eliminar la propuesta inicial que se había planteado de aplicar la degresividad, que suponía que a partir de un número de animales o de hectáreas el importe de la ayuda sería menor. Castilla y León seguirá siendo la Comunidad Autónoma que más financiación percibirá por estas ayudas.

En la última Conferencia Sectorial el Ministerio aceptó la petición de Castilla y León que demandaba un Plan sectorial Nacional para el ovino y caprino. Este plan se estudiará en 2023 para ver las posibilidades de incorporarlo al Plan Estratégico como el Plan para el Olivar Tradicional. El plan se dirigirá a las cooperativas y las organizaciones de productores.

En el Plan Estratégico se incluyen también las intervenciones territoriales que diseñan las Comunidades Autónomas y que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural. Castilla y León ha incluido actuaciones para el periodo 2023 a 2027 por importe de 1.176 millones de euros. En ellas se tienen en cuenta las infraestructuras agrarias, que contarán con 205 millones de euros; las ayudas a zonas con limitaciones productivas, con 170 millones; las ayudas agroambientales, con 143 millones, además de inversiones en explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, apoyo a la industria agroalimentaria y forestal, la lucha contra incendios y la mejora de la biodiversidad y la metodología LEADER. Y destaca como novedad la incorporación de una nueva línea destinada a favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas.