Pagaza (CS) pide a Bruselas que intervenga ante la crudeza del ataque a los jueces en España

La eurodiputada de Ciudadanos vicepresidencia de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, pidió hoy al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la comisaria de Estado de Derecho, Vera Jourova, que intervengan y eviten el ataque sin precedentes contra la independencia de los jueces y la separación de poderes en España, con la creación de comisiones parlamentarias contra lo que han denominado "lawfare y ataques en la propia sede parlamentaria contra el ex presidente del Tribunal Supremo, un presidente de Sala y dos magistrados, entre otros ataques, que ha obligado a reaccionar al Presidente del Tribunal Supremo".

En sendas misivas, Pagaza recuerda que un poder judicial independiente es la columna vertebral del Estado de Derecho, ya que es una condición previa para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar la arbitrariedad y abusos de cualquier gobierno o poder público. "Los jueces y fiscales españoles perciben la amenaza y presión real por parte del poder político y lo que está en juego son los fundamentos mismos de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, debido a la deriva populista del Gobierno de España", indica.

Pagaza resalta la gravedad sin precedentes de la creación de dos comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados para investigar lo que falsamente denominan como "judicialización de la política", que no es sino un eufemismo para defender la impunidad de los delitos que cometen los políticos que están en el acuerdo de Amnistía e impunidad.

El propio presidente del Tribunal Supremo emitió el 13 de diciembre un comunicado oficial denunciando que "el ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del Tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho".

La diputada de Ciudadanos destaca que en democracia no se pueden consentir ni operaciones de impunidad con ropajes de legalidad, ni investigaciones a los jueces llevados a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes. "Ni la constante deslegitimación de jueces y fiscales que sólo han realizado su trabajo, persiguiendo delitos aplicando y respetando todas las garantías procesales", añade.

En este sentido, Pagaza recuerda a Reynders que representantes de la magistratura han solicitado reunirse con él para trasladarle su preocupación y esperan que les conceda una fecha.

"La Comisión Europea no puede quedar al margen ante estos hechos. Hablamos de deficiencias graves y repetidas para capturar el Estado; injerencia política y deterioro del trabajo de las autoridades judiciales nacionales. Y hablamos, así mismo, de inseguridad para los jueces que de forma creciente son difamados, amenazados y perseguidos, con el fin de aterrorizar al colectivo de jueces y fiscales", indica Pagazaurtundua.

En este nuevo mandato de Sánchez, la debilidad parlamentaria es mayor y para evitar la convocatoria de elecciones ha requerido los votos del partido del prófugo Puigdemont. "El prófugo ha exigido la subordinación a su voluntad a través de una operación gigantesca de impunidad que incluye la Ley de Amnistía y la impugnación pública del poder independiente de los jueces. Este contexto que ha aceptado el gobierno supone la mayor amenaza a la democracia española que podemos imaginar", asevera.

La diputada invoca el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales (artículo 47), que reconoce como derechos fundamentales el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal y como hiciera anteriormente el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), donde se subraya la independencia judicial como un componente esencial de un juicio justo.

En resumen, recoge la carta de Pagaza, el gobierno ataca a la sustancia del Estado de derecho democrático, con un trampantojo, porque el populismo de izquierdas invoca retóricamente lo contrario de lo que está haciendo con los poderes.

"Si el delito no es delito; si los jueces que han juzgado rectamente son difamados y pueden ser perseguidos; si el Estado que defendió el Estado de derecho democrático en 2017 tiene que dar la razón a los que abusaron de la ley, si se debe establecer pública y oficialmente que los delincuentes tuvieron razón, contra los hechos... Entonces, sólo cabe invocar a George Orwell en 1984", manifestó Pagaza en alusión a la manipulación y el control de la verdad por parte del poder.