WWF lamenta que el acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida ignore al sector financiero como motor del daño ambiental

A primera hora de la mañana, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han alcanzado un desastroso acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), ya que no incluye al sector financiero, privándolo de la oportunidad de fomentar decisiones financieras más informadas y resistentes al riesgo. WWF advierte de que, si bien la directiva ayudará a las empresas en su transición hacia un balance neto cero, los requisitos en materia de diligencia debida no abordan de manera significativa el relevante papel de las empresas para proteger la naturaleza, situando en una posición aún más vulnerable a los ecosistemas y comunidades más afectadas por la emergencia climática.

"Hoy es un día oscuro. A pesar de la oportunidad histórica, los negociadores han acordado permitir que el sector financiero vulnere los derechos humanos y la salud de los ecosistemas", ha declarado Uku Lilleväli, responsable de Políticas de Finanzas Sostenibles de la Oficina Europea de Políticas de WWF. "El acuerdo sitúa en una posición aún más vulnerable a las personas y comunidades que sufren los graves efectos de la crisis climática, a los que contribuye en gran medida la actividad del sector financiero de la UE. Eximir a este sector de las obligaciones de diligencia debida debilita el impacto de la Directiva, ya que es uno de los motores clave de la economía actual. El acuerdo también priva al sector financiero de la oportunidad de fomentar decisiones financieras más informadas y resistentes al riesgo."

Por otro lado, los negociadores han acordado exigir a las empresas e instituciones financieras que adopten y apliquen planes de transición climática con objetivos obligatorios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. "En lo que respecta a los planes de transición, los negociadores han alcanzado un acuerdo histórico, ya que la Directiva es la primera ley de la UE que exige a las grandes empresas de todos los sectores no sólo que adopten planes de transición, sino también que tomen medidas concretas para ponerlos en práctica", añadió Uku Lilleväli. "Pasar de la información a la aplicación de planes concretos podría suponer un momento decisivo para paliar el impacto de las empresas sobre el cambio climático".

Además, el acuerdo prevé incentivar económicamente a los directivos de las grandes empresas para que apliquen el plan de transición, sin embargo, no concreta el grado de responsabilidad de estos directivos en la aplicación de la norma, ni exige su aplicación pública para garantizar su eficacia. Este aspecto resulta realmente preocupante, ya que, al no recoger mecanismos firmes de control sobre la aplicación de la norma, existe la posibilidad de que estas empresas apliquen el llamado lavado de imagen verde en sus planes.

A pesar de los avances en los objetivos y planes climáticos, la Directiva no aborda adecuadamente el papel clave de las empresas para la protección de la naturaleza. Esto se debe a que el acuerdo no define los impactos ambientales como áreas de impacto amplias -como la crisis climática, la biodiversidad y la contaminación-, sino como vulneraciones de un conjunto limitado de tratados internacionales. Además, en el texto también se excluyen algunos de los acuerdos fundamentales, incluido el acuerdo de París sobre el clima, permitiendo así que las empresas prescindan de incluir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus planes de transición a medio y largo plazo.

"La lista de convenios cubre sólo una parte de todos los posibles impactos negativos de la actividad de las empresas en el medio ambiente, situando en un terreno cuestionable el valor añadido que aporta la ley de diligencia debida", añadió Uku Lilleväli. "Restringir el ámbito medioambiental dificulta abordar asuntos relevantes como la contaminación del aire, el agua o el suelo por sustancias químicas utilizadas en los procesos de producción relacionados con la industria de la moda, la textil, la minera, la agrícola u otras. Esto también contribuirá a aumentar la desigualdad entre sectores, ya que unos se verán más impactados por la norma que otros y añadirá incoherencias con las leyes sobre informes de sostenibilidad, lo que aumentará la carga para las empresas. Por todo ello, desde WWF consideramos que el acuerdo debe revisarse y endurecerse cuanto antes en el próximo mandato de la Comisión".

Este acuerdo provisional pasa ahora al proceso de finalización a nivel técnico, antes de ser aprobado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo. WWF reclama a los negociadores que solucionen estos aspectos durante las discusiones técnicas para garantizar que la directiva tenga el papel que merece y redunde en el beneficio de las personas, las empresas y el planeta.