Toni Valero registra en el Congreso una iniciativa de IU para crear un “registro público de alquiler” que “aporte transparencia, especifique los tipos de contrato y aclare la evolución de la oferta”

El diputado de Izquierda Unida y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha presentado hoy en el Congreso una iniciativa parlamentaria relativa a la "transparencia del alquiler de viviendas", diseñada e impulsada por esta formación, donde entre otras propuestas insta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a poner en marcha un "registro público de alquiler residencial, elaborado de acuerdo con la distribución competencial en materia de vivienda, pero que recoja, de la forma más fiable y actualizada posible, los contratos de arrendamiento de vivienda que se produzcan en España, para así poder monitorizar la evolución de la oferta de alquiler".

Valero destaca que la proposición de ley busca acabar con la "opacidad" que existe en el mercado del alquiler y que influye muy negativamente en los precios finales que llegan al mercado. De ahí que "lo tenemos muy claro: hay que intervenir en el mercado inmobiliario desde todos los frentes de manera decidida para estar a la altura de la lucha que vive esta sociedad por el acceso a la vivienda".

"Queremos -dijo- que haya información para que la Administración pueda desplegar políticas públicas efectivas en el mercado inmobiliario", frente al actual en el que son empresas privadas, como Fotocasa o Idealista, las que a través de sus portales se encargan de hacer públicos estudios sobre la evolución de los precios.

El diputado malagueño de IU denunció la "crisis habitacional sin precedentes" que asola la mayoría de ciudades españolas y que "vulnera el derecho a la vivienda", con graves consecuencias entre colectivos como las personas jóvenes "que tienen una tasa de emancipación en torno al 14,8%" o a las familias trabajadoras.

"Mientras, este drama no le importa al Partido Popular, que ni aplica la Ley de Vivienda, ni promueve vivienda pública y social allí donde gobierna, pero que tampoco aquí en el Congreso de los Diputados apoya al Gobierno de coalición en las medidas que pretenden facilitar el acceso a la vivienda a las capas populares", incidió.

La iniciativa para este registro público de alquiler residencial "podría aprovechar el procedimiento establecido para la elaboración de la ventanilla única digital de alquileres de corta duración", expone el texto.

Izquierda Unida advierte de que el Ministerio de Vivienda carece de "información adecuada sobre el comportamiento de la oferta del alquiler residencial", ya que su fuente de información es "tributaria" y tiene "un decalaje de dos años" y porque en los territorios del País Vasco y Navarra, con regímenes fiscales propios, no tiene acceso la Agencia Tributaria.

El censo que se propone crear "comprenderá datos identificativos del arrendador y del arrendatario, de la renta del contrato, de la existencia o no de cláusulas de revisión, de su duración y de la fecha del contrato".

La proposición no de ley plantea que una vez se establezcan los registros de alquiler de viviendas, tanto de corta como de larga duración, se avance en "un sistema que, mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario y el padrón continuo, permita identificar aquellas viviendas que se encuentren vacías".

Además, se pide crear "en coordinación con el Registro de la Propiedad, el Catastro Inmobiliario, las comunidades autónomas y la información que se obtenga tras la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital de arrendamientos", un "Registro de Grandes Tenedores" con vistas "obtener información veraz y actualizada sobre el número de grandes tenedores", en base a la definición legal de los mismos, para conocer sus "distintas modalidades de uso de las viviendas: arrendamientos de larga duración, corta duración, uso turístico o vivienda vacía".

Izquierda Unida insta también a coordinar desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "y a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, el desarrollo de los distintos regímenes sancionadores autonómicos en materia de arrendamientos".