La Agencia Tributaria pone en marcha una operación en 15 CCAA contra el fraude fiscal de empresas que utilizan “software de doble uso”

La Agencia Tributaria ha iniciado en el día de hoy una operación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal de empresas del sector de las instalaciones y montajes, principalmente eléctricas, que utilizan 'software de doble uso'. La operación, denominada 'Amperio', conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 67 sociedades y 14 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar), mediante la personación de más de 330 funcionarios de la Agencia en 75 locales.

El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (10), Aragón (2), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (2), Cataluña (17), Extremadura (4), Galicia (12) Madrid (5), Murcia (2), La Rioja (1), y Comunidad Valenciana (9).

La operación 'Amperio' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 300 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y 30 funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

El volumen de negocio total de las empresas del sector de instalaciones y montajes mantuvo en 2024 la tendencia al alza que viene registrándose desde 2022. En la estructura empresarial del sector destaca la presencia mayoritaria de empresas especializadas en un tipo de instalación y con un ámbito geográfico de actuación reducido.

Gracias a denuncias tributarias se ha detectado la posible utilización de 'software de doble uso' con el objetivo de eludir la tributación de ingresos en diversas sociedades del sector, principalmente en empresas dedicadas a las instalaciones eléctricas, que son el objetivo de la presente operación.

Dentro del conjunto de sociedades seleccionadas se ha realizado, asimismo, un estudio de los socios que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas. Esto podría deberse a un afloramiento de ventas ocultas de la entidad que se estuvieran materializando en incrementos patrimoniales en los socios.

Tras analizar la información recibida, la Agencia Tributaria detectó que determinados contribuyentes del sector de instalaciones y montajes eléctricos podía estar utilizando este 'software' con el objetivo de ocultar compraventas.

Mediante las acciones desarrolladas hoy de forma simultánea en los locales seleccionados, la Agencia ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel o incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Las inspecciones, que se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, permitirán analizar la documentación obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados.

Desde la publicación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria fija como objetivo la lucha contra los programas de contabilidad de doble uso que permitan el fraude en la contabilidad de una empresa.

A su vez, las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2025 hacen hincapié en la necesidad de mantener la presencia inspectora en aquellos sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida, con especial atención a la posible utilización de herramientas informáticas ('software de doble uso') susceptibles de ser utilizadas para ocultar ventas. En ese contexto se desarrolla la operación 'Amperio'.

A lo anterior se suma la entrada en vigor del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre (conocido como 'Reglamento Verifactu'), que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Con la utilización de sistemas informáticos de facturación adaptados al reglamento (para las empresas la fecha límite de adaptación es el 1 de enero de 2026 y para las personas físicas el 1 de julio del mismo año), se pretende evitar que se puedan llevar a cabo prácticas fraudulentas en ese proceso, tales como la omisión de facturas o la alteración de las facturas de venta una vez expedidas.

Esto conllevará dos grandes consecuencias. Por un lado, incidirá directamente en una reducción del fraude cometido; por otro, impedirá o reducirá significativamente la competencia desleal de la que se aprovechan quienes defraudan frente a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

La norma de creación de 'Verifactu' establece un régimen de sanciones para quienes fabriquen, distribuyan o utilicen 'software de doble uso' que incluye una multa de 150.000 euros por año de infracción para los fabricantes y comercializadores, y de 50.000 euros para los usuarios que incumplan la normativa.

Con la operación 'Amperio' son ya 26 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia en algo más de una década. Estas actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector afectado.

Durante las actuaciones 'in situ' en varias de estas operaciones, la Agencia Tributaria ha confirmado la existencia de 'software de ocultación de ventas' en locales de los contribuyentes inspeccionados. Es el caso, por ejemplo, de las recientes operaciones 'Columba' (2022) sobre franquiciadas de servicios mensajería y 'Empaque' (2025) sobre el sector del envasado y embalaje.

En este tipo de operaciones, en algún caso, y prueba del grado de sofisticación al que llegan en ocasiones estos fraudes para ocultar ingresos, se había establecido un sistema de corte automático de suministro eléctrico que se activaba al tratar de acceder a la parte del sistema informático que contenía la contabilidad en 'b', corte de suministro con el cual los defraudadores pretendían borrar cualquier rastro de esos ingresos no declarados. Estas acciones complejas y premeditadas de ocultación justifican doblemente la presencia en estos operativos de las unidades especializadas de auditoría informática de la Agencia, las UAI.