Guía de San Pedro Alcántara
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García, ha expresado su reconocimiento a las organizaciones sindicales firmantes por su "responsabilidad, perseverancia y compromiso con el conjunto del sistema sanitario". La ministra ha destacado que "este Estatuto no pertenece al Ministerio: es un acuerdo colectivo construido con mimo desde el diálogo social".
El nuevo marco normativo recoge reivindicaciones históricas de los profesionales sanitarios, como el fin de las guardias de 24 horas como norma general, que se sustituyen por guardias de duración inferior a 17 horas asociadas a descansos y libranzas obligatorios.
También se establece una jornada máxima semanal de 45 horas, inferior al umbral europeo, y se incorpora por primera vez un mecanismo de intervención ante situaciones de sobrecarga persistente.
En materia de conciliación, el texto reconoce este derecho como tal, dejando de ser una mera concesión. Asimismo, se avanza en estabilidad laboral mediante ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, se facilitan los concursos de traslado con convocatorias abiertas y permanentes, y se actualiza la clasificación profesional, reconociendo además la labor investigadora y docente como trabajo efectivo.
La ministra ha recordado su experiencia como médica y su implicación personal con las demandas del sector: "He peleado por algunas de estas reivindicaciones cuando no era ministra, cuando estaba en un hospital. Por eso sé perfectamente de dónde viene el enfado, el cansancio y la sensación de injusticia que han acompañado durante años a muchos profesionales".
"Este Estatuto no enfrenta a profesionales entre sí. Al contrario: refuerza la sanidad pública como proyecto colectivo, como un sistema basado en el trabajo en equipo, en el respeto entre categorías y en la equidad", ha concluido la ministra, quien ha insistido en que "hoy es un buen día para la sanidad pública".
Tras el acuerdo alcanzado en el Ámbito de Negociación, el nuevo Estatuto Marco debe ser elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, que autorizará el inicio formal de su tramitación. A partir de ese momento, se solicitarán los informes preceptivos a los ministerios con competencias afectadas, entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social, y se analizará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Una vez superada esta fase, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, que permitirá a cualquier persona interesada formular alegaciones. Finalmente, el texto será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa.
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