22 de junio en España: el día en que el divorcio volvió a ser ley

El 22 de junio ocupa un lugar discreto pero significativo en el calendario de la historia española. En esa fecha se recuerdan episodios muy distintos: desde victorias navales medievales hasta cambios sociales de la España contemporánea. Sin embargo, uno de los acontecimientos más relevantes para comprender la transformación democrática del país tuvo lugar el 22 de junio de 1981, cuando el Congreso de los Diputados aprobó la Ley del Divorcio, impulsada durante el Gobierno de la Unión de Centro Democrático presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. Aquel paso legislativo no fue solo una reforma del derecho civil: fue un símbolo del profundo cambio cultural, político y social que vivía España tras décadas de dictadura.

Para entender la importancia de aquella jornada conviene mirar hacia atrás. España ya había contado con una legislación sobre divorcio durante la Segunda República, aprobada en 1932. Aquella norma reconocía la posibilidad de disolver legalmente un matrimonio y respondía al espíritu reformista republicano. Pero tras la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista, el divorcio desapareció del ordenamiento jurídico. El matrimonio volvió a concebirse como una institución indisoluble, marcada por la doctrina católica y por una visión tradicional de la familia. Durante casi cuatro décadas, miles de personas quedaron atrapadas en matrimonios rotos sin posibilidad de rehacer legalmente su vida.

La muerte de Francisco Franco en 1975 abrió una etapa de transición política que no solo afectó a las instituciones del Estado, sino también a la vida cotidiana. La Constitución de 1978 proclamó principios como la igualdad ante la ley, la libertad ideológica y la protección de la familia desde una perspectiva más plural. En ese nuevo marco, la regulación del divorcio se convirtió en una cuestión inevitable. La sociedad española estaba cambiando: aumentaban las separaciones de hecho, crecían las demandas de autonomía personal y se hacía cada vez más difícil mantener una legislación que ignoraba situaciones familiares ya existentes.

La aprobación de la Ley del Divorcio fue, no obstante, un proceso cargado de tensiones. Sectores conservadores y parte de la jerarquía eclesiástica la consideraban una amenaza para la estabilidad familiar. En cambio, juristas, movimientos feministas, partidos progresistas y muchas personas afectadas defendían que el divorcio no destruía familias, sino que ofrecía una salida legal a relaciones ya quebradas. La discusión parlamentaria reflejó esa pugna entre una España que miraba al pasado y otra que buscaba equipararse a las democracias europeas de su entorno.

El 22 de junio de 1981, la aprobación en el Congreso supuso una victoria para quienes defendían la modernización del derecho de familia. La ley, conocida popularmente como Ley Fernández Ordóñez por el papel desempeñado por el entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, permitió que los matrimonios pudieran disolverse bajo determinados supuestos y con intervención judicial. Aunque hoy pueda parecer una norma limitada, en su momento representó un avance enorme. No establecía todavía un divorcio plenamente libre ni tan ágil como el que llegaría décadas después, pero rompía con la imposibilidad absoluta que había caracterizado al franquismo.

La trascendencia de esta efeméride se comprende mejor si se sitúa en el clima político de 1981. España acababa de superar el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, un episodio que puso a prueba la solidez de la democracia recién nacida. En ese contexto, aprobar una ley de fuerte contenido social era también una forma de afirmar que el país continuaba avanzando por la vía constitucional. La democracia no consistía únicamente en celebrar elecciones, sino en reconocer derechos, ordenar conflictos civiles y ampliar los espacios de libertad individual.

El impacto de la ley fue inmediato. Muchas parejas que llevaban años separadas pudieron regularizar su situación, contraer nuevas uniones o resolver cuestiones patrimoniales y familiares dentro de un marco legal. También tuvo consecuencias especialmente importantes para las mujeres, que durante el franquismo habían sufrido una fuerte subordinación jurídica y social dentro del matrimonio. Aunque la igualdad real aún estaba lejos de alcanzarse, la posibilidad de divorciarse ofrecía una herramienta fundamental frente a relaciones insostenibles, dependencias económicas y situaciones de abuso o abandono.

El 22 de junio también recuerda otros hechos vinculados con la historia de España. En 1372, durante la batalla naval de La Rochelle, la escuadra castellana derrotó a la inglesa, un triunfo decisivo en el contexto de la Guerra de los Cien Años y en la proyección marítima de Castilla. En 1484, en plena fase final de la conquista del reino nazarí de Granada, tropas cristianas realizaron nuevas incursiones en la vega granadina. Estas efemérides muestran que la fecha ha quedado asociada a momentos de conflicto, expansión y redefinición política. Pero la de 1981 destaca por otro motivo: no habla de una victoria militar, sino de una conquista civil.

Cuatro décadas después, la aprobación de la Ley del Divorcio puede verse como uno de los hitos que ayudaron a normalizar la diversidad de trayectorias familiares en España. Con el tiempo, la legislación evolucionó hacia modelos más flexibles, especialmente con la reforma de 2005, que simplificó los trámites y eliminó la necesidad de alegar causas concretas. Pero aquel primer paso de 1981 conserva un valor histórico propio: abrió una puerta cerrada durante demasiado tiempo y confirmó que la democracia española estaba dispuesta a entrar también en el terreno de las libertades privadas.

Por eso, recordar lo ocurrido en España un 22 de junio no es solo repasar una fecha del calendario. Es observar cómo una sociedad transforma sus leyes cuando cambian sus valores. La aprobación de la Ley del Divorcio fue una respuesta a una realidad social que ya existía, pero también una declaración de futuro: la vida familiar debía organizarse desde la libertad, la responsabilidad y la igualdad jurídica. En esa jornada de 1981, España no solo recuperó el divorcio; recuperó una parte esencial de la autonomía personal de sus ciudadanos.