España vuelve a mirar al monte mientras el fuego reabre el debate pendiente

El humo ha vuelto a ocupar el horizonte de varias comunidades autónomas y, con él, una pregunta que se repite cada verano en España: qué se hace con el monte antes de que el incendio obligue a correr. La imagen de los medios desplegados, los vecinos pendientes de las evacuaciones y los frentes avanzando con rapidez resume una campaña que WWF España interpreta como algo más que una emergencia estacional. Para la organización, la ola de incendios forestales que golpea al país evidencia una crisis territorial que exige una respuesta política sostenida, no solo una reacción cuando las llamas ya están fuera de control.

Los datos dan dimensión al diagnóstico. Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), hasta julio las llamas han arrasado más de 100.000 hectáreas en más de 5.000 incendios registrados en todo el país. Entre ellos figuran 29 grandes incendios forestales, los que superan las 500 hectáreas afectadas, una cifra que ya resulta inquietante cuando todavía queda por delante buena parte del verano y la media anual española se sitúa en torno a 23 grandes incendios.

La crónica de estos días no se entiende solo desde el parte de daños. También habla de un paisaje cambiado: más seco, más continuo y más difícil de defender. WWF advierte de que los incendios actuales son cada vez más severos, extensos y complejos, y que esa evolución revela los límites de un sistema que ha confiado durante décadas en la eficacia de los operativos de extinción. Apagar sigue siendo imprescindible, pero la entidad insiste en que ya no basta.

La paradoja es que los equipos funcionan con una eficacia notable: el 68 % de los incendios se controla antes de afectar a una hectárea. Sin embargo, cuando el fuego salta de escala, el margen se estrecha. WWF señala que el 78 % de los recursos se destina a extinguir las llamas una vez declarada la emergencia, mientras que solo el 12 % se reserva a la prevención. Además, la mayoría de comunidades autónomas gestiona cada año entre el 0,3 % y el 0,7 % de su superficie forestal, una proporción que la organización considera insuficiente para modificar el comportamiento de los grandes incendios.

En los grandes incendios, el monte deja pronto de ser el único escenario. El fuego entra en la vida cotidiana cuando obliga a cortar carreteras, evacuar viviendas o proteger urbanizaciones levantadas junto a zonas forestales. Para WWF, ese salto convierte el incendio en una emergencia de protección civil y obliga a mirar más allá del frente de llamas. La crisis climática, el abandono rural, la acumulación de vegetación y la expansión de la interfaz urbano-forestal se combinan hasta crear territorios más expuestos.

Las temperaturas extremas, las sequías prolongadas y las olas de calor más frecuentes secan la vegetación y alargan los periodos de riesgo. Al mismo tiempo, la desaparición de cultivos tradicionales, pastos, ganadería extensiva y aprovechamientos forestales ha transformado antiguos mosaicos agroforestales en paisajes continuos y altamente inflamables. Donde antes había discontinuidades que podían frenar el avance del fuego, ahora se acumula combustible.

La simultaneidad de varios grandes incendios agrava todavía más la escena. Los medios deben repartirse, las prioridades cambian con rapidez y las decisiones de emergencia se toman bajo presión. En ese contexto, cada hora ganada antes de que el fuego se declare puede valer más que muchos recursos movilizados después.

En los días de incendio, las declaraciones institucionales suelen compartir un mismo lenguaje: solidaridad con las personas afectadas, reconocimiento a los equipos de emergencia y llamadas a la prudencia. WWF valora esos mensajes, pero reclama que no se queden en el ritual de cada verano. La organización pide que el consenso verbal se traduzca en un pacto de Estado con financiación suficiente, continuidad temporal y aplicación coordinada en todas las comunidades autónomas.

"Existe un punto de partida común para todos los actores políticos, ya que todos reconocen la necesidad de mejorar la prevención para adaptar el territorio y la coordinación entre administraciones. Por eso insistimos en que no necesitamos un nuevo enfrentamiento político después de cada incendio, sino un acuerdo estable que permita actuar durante todo el año sobre las causas estructurales del riesgo", afirma Luis Suárez, coordinador de Conservación de WWF España.

La propuesta de WWF se resume en una idea de fondo: actuar sobre el territorio antes de que el verano imponga su urgencia. La organización plantea un acuerdo estatal basado en una planificación por riesgo y compatible con la conservación de la biodiversidad. Entre sus demandas figuran la aplicación plena del Real Decreto 716/2025, la identificación de zonas de alto riesgo, la gestión anual de al menos el 1 % de la superficie forestal nacional —unas 260.000 hectáreas— y la recuperación de mosaicos agroforestales mediante el apoyo a la ganadería extensiva, los cultivos tradicionales y la actividad económica viable en el medio rural.

El catálogo de medidas incluye gestión forestal adaptativa, quemas prescritas, restauración ecológica y planes de autoprotección en municipios, urbanizaciones y viviendas situadas en zonas de interfaz urbano-forestal. También reclama financiación plurianual, indicadores comunes de impacto, coordinación entre administraciones y una mejora en la investigación de las causas de los incendios. No se trata, según la organización, de elegir entre extinción y prevención, sino de equilibrar una balanza que hoy se inclina casi siempre hacia la respuesta de emergencia.

La campaña aún no ha llegado a su tramo tradicionalmente más crítico, y esa constatación pesa sobre el debate. Cada incendio reabre una conversación conocida, pero también muestra que el calendario político y el calendario del fuego no avanzan al mismo ritmo. Mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno, WWF insiste en que la prevención no puede esperar a que las llamas se apaguen para volver a convertirse en prioridad.

"Los grandes incendios son el síntoma de una crisis climática, ecológica y territorial. España necesita una política de Estado que combine reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, conservación de la biodiversidad, desarrollo rural y protección civil. Seguir aumentando exclusivamente los medios de extinción no evitará que haya cada vez más territorios fuera de capacidad de extinción", concluye Suárez. La advertencia deja la crónica abierta: el fuego de este verano no solo mide la resistencia de los montes, sino también la capacidad del país para anticiparse al siguiente.