CYBE-UGR y el Ministerio de Sanidad unen fuerzas para mejorar la atención ética en el final de la vida

La muerte medicamente asistida es un derecho y garantizarlo requiere datos, formación y evaluación constante. Con ese propósito, la Universidad de Granada y el Ministerio de Sanidad han suscrito un convenio de colaboración que impulsará la investigación, la formación y la evaluación de las prácticas tendentes a consolidar y hacer efectivo ese derecho a una buena muerte. El acuerdo, vigente tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, tiene una duración de tres años y una financiación conjunta de 616.500 euros. El convenio prevé un ambicioso programa de trabajo durante esos tres años que acabará proyectando sus resultados tanto sobre los profesionales sanitarios como sobre la población en general.

CYBE‑UGR es una unidad de investigación de la universidad granadina especializada en bioética, ética aplicada y análisis de las implicaciones sociales, jurídicas y sanitarias de las decisiones al final de la vida desde una perspectiva empírica. El centro desarrolla investigación interdisciplinar, formación especializada y labores de asesoramiento científico en ámbitos donde la ética juega un papel crucial.

Uno de los ejes centrales del convenio es la creación de un registro homogéneo y comparable entre comunidades autónomas sobre las distintas prácticas que tienen lugar al final de la vida, y que no exite en la actualidad. Desde los cuidados paliativos hasta la planificación anticipada de decisiones, pasando por la aplicación de la eutanasia —regulada en España desde 2021 por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia—, el acuerdo prevé la recogida sistemática de datos y la homologación de bases de datos que permitan realizar por primera vez análisis interterritoriales rigurosos y periódicos.

La fragmentación de la información dificulta en la actualidad detectar desigualdades en el acceso a los cuidados o identificar territorios en los que la aplicación de la normativa presenta carencias. El convenio busca corregir esta dispersión de datos mediante la creación de grupos de trabajo con sociedades científicas y la coordinación directa entre instituciones con competencias en políticas públicas de salud.

Junto a la dimensión clínica y regulatoria, el acuerdo incorpora una perspectiva social, orientada a evaluar el grado de conocimiento y satisfacción de la ciudadanía en relación con la atención al final de la vida. A través de encuestas específicas, se analizará qué información posee la población sobre las opciones disponibles y cómo percibe la calidad de la atención recibida, con el objetivo de detectar posibles brechas entre la oferta del sistema sanitario y las expectativas o necesidades sociales.

El convenio dedica además una parte relevante de sus actuaciones a la formación. Los destinatarios de esta formación incluyen personal investigador, profesionales sanitarios, gestores del ámbito de la salud y, también, ciudadanía sin formación especializada. Los resultados de la investigación servirán de base para el diseño de programas formativos ajustados a las necesidades detectadas, así como para la realización de estancias formativas y el asesoramiento a organismos públicos y privados en materia de bioética y final de la vida.

Entre las actividades previstas figura la organización de una jornada conmemorativa con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia. Esta jornada está concebida como un espacio de análisis, evaluación y propuesta de mejoras en su aplicación en el conjunto del territorio nacional.

La Universidad de Granada aportará al convenio sus equipos investigadores y su experiencia consolidada en bioética, derecho sanitario y ciencias de la salud, mientras que el Ministerio de Sanidad contribuirá con 395.000 euros del presupuesto total y asumirá la coordinación con las comunidades autónomas y las sociedades científicas implicadas. Las actuaciones se desarrollarán mediante programas de trabajo anuales que serán supervisados por una comisión de seguimiento mixta encargada de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos y de dar visibilidad a los resultados obtenidos.

El acuerdo se enmarca en la Línea Estratégica 5 del Documento de Desarrollo de la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad 2025‑2028 del Sistema Nacional de Salud, que reconoce la atención al final de la vida como una prioridad sanitaria. En un contexto de envejecimiento poblacional y creciente demanda de una atención digna, el convenio refuerza la generación de evidencia científica, la formación especializada y la evaluación ética como elementos clave para la mejora del sistema sanitario.