El Laboratorio de Genética del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología de la Universidad de Granada ha confirmado la identidad de seis nuevas víctimas cuyos restos fueron recuperados en las fosas comunes del Barranco de Víznar, en Granada. Con estas identificaciones, ascienden a 17 las personas ya reconocidas entre los 194 restos humanos exhumados por el equipo Universidad y Memoria en las distintas campañas realizadas desde 2021.
Las nuevas identificaciones corresponden a Brígida Pardo López, de 32 años y trabajadora del campo; Francisco Amigo Pla, de 21 años y dependiente; Francisco José Arturo Muñoz Toral, de 23 años y mecánico de autobuses; Juan de Dios Milán Calvo, de 45 años y trabajador de la Fábrica de Pólvoras del Fargue; José Antonio Calero García, de 41 años, concejal de Hacienda por el PSOE en Fuente Vaqueros y trabajador del campo; y Victoriano Alcantud Cubillas, de 39 años y vinculado a Alsina.
Los restos serán entregados a sus familias en un acto que se celebrará en el Ayuntamiento de Víznar.

Estos nombres se suman a los de Carmela Rodríguez Parra, Francisco Soriano López, José Raya Hurtado, José García Esteban, Juan de Dios Adarve López, Antonio Rosales Ruiz, Eloísa Martín Cantal, Fermín Roldán García, Francisco Ruiz Guiraum, Marcelino Gámiz Garzón y Francisco del Águila Rodríguez.
El laboratorio continúa trabajando en la identificación de los restos a partir de muestras de ADN aportadas por familiares, por lo que el número de víctimas reconocidas podría aumentar en los próximos meses.
El equipo Universidad y Memoria de la Universidad de Granada, responsable de las exhumaciones en el Barranco de Víznar desde 2021, regresará en septiembre a la localidad para continuar la búsqueda de nuevas fosas comunes. Hasta ahora, sus trabajos han permitido localizar 29 enterramientos ilegales y recuperar los restos de 194 personas, entre ellas algunos menores de edad.
La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Granada, a través de su fiscal delegada, Montserrat Luque Molina, trabaja además en la incoación de expedientes de jurisdicción voluntaria que podrían derivar en procedimientos civiles. El objetivo es facilitar la reparación jurídica y simbólica de las víctimas identificadas cuando así lo soliciten sus familias.





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