Campillos aprueba un avance de la innovación del PGOU para la ordenación de la implantación de fotovoltaicas y aerogeneradores en el municipio

El Ayuntamiento de Campillos ha aprobado el documento de avance de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad para la modificación puntual de la normativa en suelo no urbanizable. Esta medida fue ratificada por unanimidad por el pleno municipal el pasado 30 de septiembre.

La aprobación de este avance supone la suspensión durante un año del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para aquellas zonas o usos cuyas determinaciones constituyan una modificación del régimen urbanístico vigente. Debido a su antigüedad, el planeamiento actual no cuenta con la capacidad ni los criterios necesarios para la regulación y ordenación de nuevas infraestructuras de producción de energías renovables. La innovación del PGOU implica, además de una necesaria actualización de las normas subsidiarias, la suspensión cautelar de la concesión de licencias durante un año con el fin de que la implantación de plantas de producción energética mediante fuentes renovables (parques solares fotovoltaicos y eólicos) en el término municipal se desarrolle de forma ordenada y bajo el consenso con el Ayuntamiento, los colectivos y asociaciones locales y la ciudadanía.

El objetivo es generar un documento que establezca unas líneas generales de ordenación y edificación de este tipo de instalaciones contando con la participación ciudadana y abierto a las ideas y sugerencias de todos los agentes sociales.

En Campillos, al igual que en otros muchos municipios de Andalucía y del resto de España, existen hasta siete proyectos de macroplantas fotovoltaicas que están solicitados o en vías de tramitación y que afectarían a una superficie de casi 1.600 hectáreas de terreno, lo que equivale a casi ocho veces el núcleo urbano del municipio o a 2.400 campos de fútbol como el de la localidad. “Y todo esto sin disponer del tiempo ni medios técnicos suficientes para el estudio de los proyectos y de su impacto ambiental, ya que la tramitación de los mismos se está haciendo desde el Ministerio o desde la Junta de Andalucía, que sigue sin establecer una ordenación autonómica de implantación de estas macroplantas”, explica el concejal de Medio Ambiente, Diego Lozano.

“El impacto ambiental que pueden generar estas macroplantas podría ser enorme, con el incuestionable daño al patrimonio paisajístico y medioambiental de nuestro entorno. La ejecución de estos proyectos debe llevarse a cabo de forma planificada y siguiendo unos criterios que hagan compatible el aprovechamiento y la proliferación de las energías renovables con la conservación de la gran riqueza natural con la que contamos en Campillos. Estos proyectos, además, supondrían un notable perjuicio para actividades como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el tejido económico del municipio”, argumenta Lozano.

Además de la aprobación del documento para la ordenación y la suspensión cautelar de licencias, desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Campillos se han enviado a las administraciones competentes diversos escritos respecto a la posible falta de transparencia y errores de comunicación en el procedimiento administrativo seguidos en la tramitación de estos proyectos por parte del Ministerio. En este sentido, se ha solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Málaga, solicitud que a fecha de hoy aún no ha recibido respuesta.

Al margen de la innovación del PGOU, el Ayuntamiento lleva semanas trabajando y colaborando con iniciativas que persiguen la regularización y la implantación sostenible de las plantas fotovoltaicas. Así, se han iniciado una serie de actuaciones políticas para abordar este asunto. El alcalde y varios miembros del equipo de gobierno se reunieron hace unos días en el Ayuntamiento con el eurodiputado Manu Pineda (Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo) para que traslade a Bruselas esta problemática, que es común en cientos de municipios de toda España.

Dicha reunión contó con la presencia de la diputada provincial de Adelante Málaga Teresa Sánchez, la representante de la plataforma nacional Aliente Marisa Casal e integrantes de la plataforma vecinal ‘Campillos en defensa del agua y los embalses’.

Todas estas actuaciones se están realizando de forma paralela a las fuertes movilizaciones ciudadanas que se están produciendo en Andalucía y en toda España, organizadas por la plataforma Aliente en colaboración con cientos de asociaciones y colectivos. Una representación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Campillos, así como vecinos y vecinas de la localidad estuvieron presentes el pasado 30 de septiembre en Sevilla en una concentración frente al Parlamento de Andalucía y el 16 de octubre en una manifestación en Madrid para solicitar una moratoria en la autorización de renovables a gran escala hasta que se haga una planificación con participación ciudadana, con amplio apoyo de empresas, partidos políticos y colectivos sociales.

“Desde el Ayuntamiento de Campillos queremos dejar claro que no estamos en contra de las energías renovables, sino del modelo de implantación de las mismas mediante macroproyectos que se pretenden instalar en nuestro término municipal sin una ordenación previa y sin conocer verdaderamente los efectos sinérgicos paisajísticos, medioambientales o socioeconómicos que pueden provocar. Es necesario un análisis más detallado y, por supuesto, contar con la participación de la ciudadanía”, asegura Diego Lozano.

Con el objetivo de incentivar el aprovechamiento de las energías renovables, el Ayuntamiento ha aprobado recientemente un aumento del periodo de bonificación del 50 % del IBI de cinco a siete años por la instalación de placas solares fotovoltaicas dirigidas al autoconsumo tanto en viviendas como en locales comerciales, naves industriales, instalaciones agrícolas y ganaderas, así como cualquier otra instalación que disponga de la correspondiente licencia de utilización. En cuanto a la implantación de placas solares térmicas, se han incrementado las ayudas económicas a aplicar en el recibo del IBI, que ahora pasan del 30 % al 50 % y de tres a cinco años de duración. “Además, se está estudiando la posibilidad de impulsar proyectos de comunidades energéticas para autoconsumo mediante renovables en el municipio”, afirma el edil de Urbanismo y Medio Ambiente.