La UMA da luz verde a una nueva convocatoria de plazas para reforzar su plantilla docente

La Universidad de Málaga ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, la dotación de 62 plazas para Profesor/a Titular de Universidad y 7 plazas de Profesorado Permanente Laboral (PPL). En la misma sesión, también ha aprobado las comisiones evaluadoras de 11 plazas de Profesorado Asociado al Concierto de Instituciones Sanitarias (CIS).

De esta oferta, destacan las 62 plazas de Profesor/a Titular de Universidad, que cubrirán necesidades docentes e investigadoras de centros y departamentos en todas las áreas de conocimiento. Además, se han promovido 7 plazas para Personal Permanente Laboral: 6 dirigidas a Profesores Ayudantes, dos de ellos en situación de interinos, en áreas como Enfermería, Organización de Empresas, Economía Aplicada y Estudios de Asia Oriental; y una de Investigadora Posdoctoral con Certificación I-3 en el área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico.

Durante la misma sesión se abordaron 11 plazas de Profesorado Asociado CIS vinculadas a instituciones sanitarias, las cuales ya habían sido aprobadas en la Comisión Mixta con el Servicio Andaluz de Salud y dotadas en sesiones anteriores del Consejo de Gobierno, presentándose en esta ocasión las comisiones evaluadoras. Estas plazas corresponden a especialidades como Medicina Interna, Neurología, Cirugía Cardiovascular, Enfermería, Microbiología, Anatomía Patológica, Psicología y Logopedia, con el propósito de fortalecer la docencia en titulaciones del ámbito biosanitario.

Estas convocatorias tendrán ahora que pasar el trámite de la autorización definitiva por parte de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha aprobado en la misma sesión el Calendario Académico correspondiente al curso 2025/2026, que establece el inicio del período lectivo el 9 de septiembre de 2025 y su finalización el 31 de julio de 2026.

Entre las fechas más relevantes destacan los periodos no lectivos del 22 de diciembre al 6 de enero por Navidad, del 27 de marzo al 6 de abril por Semana Santa, y el 28 de enero por la festividad de Santo Tomás de Aquino. Además, las actas del primer semestre deberán entregarse antes del 6 de marzo, y las del segundo, antes del 22 de julio.

Las convocatorias ordinarias, así como la defensa de tesis doctorales y la realización de prácticas externas, se desarrollarán conforme a la planificación establecida durante el período lectivo y hasta el 30 de septiembre en algunos casos excepcionales.

Entre otros asuntos de interés, el Consejo ha aprobado el cambio de denominación del Departamento de Economía y Administración de Empresas, que pasará a llamarse Departamento de Organización de Empresas y Marketing; así como la puesta en marcha de nuevas titulaciones propias. En este ámbito, destaca la aprobación de dos másteres de formación permanente: uno en el área de la Arquitectura y otro en el campo de la Enfermería Necrológica de Adultos y Pediatría. Asimismo, se han aprobado diplomas de extensión universitaria en Creación de Videojuegos, así como en Computación y Tecnologías Cuánticas.

Por otro lado, el vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Salvador Merino, ha explicado las nuevas condiciones para el concurso de explotación de la Residencia Universitaria Alberto Jiménez Fraud, que incluyen la modificación de los dormitorios, que pasarán a ser individuales, y la reducción del plazo de explotación, que se establece en 20 años.

Asimismo, la secretaria general, Elsa Álvarez, informó sobre los convenios suscritos por la Universidad de Málaga desde el último Consejo, un total de 269. Explicó que más del 80% están relacionados con prácticas de grado y posgrado del estudiantado, además de otros, como contratos de patrocinio para desarrollar diversas actividades o la donación del archivo fotográfico y cinematográfico de Antonio España Sánchez, que será custodiado por el Centro de Tecnología de la Imagen. También destacó la firma de una adenda con Vodafone para la ocupación de las instalaciones de la UMA en Martiricos, con una duración de dos años a cambio de una contraprestación económica.