Condena a una aseguradora por la muerte de una paciente al no controlarse su hemorragia

La aseguradora médica Segurcaixa Adeslas ha sido condenada a indemnizar por daños y perjuicios con 137.426 euros más intereses a la familia de una paciente de 75 años que falleció a causa de un fracaso renal al no serle controlada una grave hemorragia.

La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso de apelación formulado por la compañía contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Málaga, que ha quedado confirmada.

Esta resolución en su día estimó la demanda de los familiares contra la aseguradora y la condenaba a pagarles la referida cantidad; los intereses legales incrementados en el 50 % desde la fecha del siniestro, que no podrá ser inferior al 20 % transcurridos dos años, y el abono de las costas.

A ello se añade ahora, según la sentencia consultada por EFE, el pago por la apelante de las costas de su recurso desestimado.

El abogado Damián Vázquez, de la Asociación 'El Defensor del Paciente', que ha llevado el caso, calcula que el importe total a pagar al esposo y la hija de la fallecida alcanzaría los 273.533 euros, dado el tiempo transcurrido desde que se produjo lo que califica como negligencia médica con desenlace fatal.

La paciente, con antecedentes de diabetes tipo II, degeneración macular y valvulopatía reumática con recambio valvular, sufrió una caída en marzo de 2019 en Francia y se le diagnosticó una fractura a nivel sacro sin desplazamiento y con hematoma.

Al estar asegurada con la referida compañía, acudió en abril al servicio de urgencias de un hospital privado de Marbella integrado en el cuadro médico de la aseguradora, con dolor y hematoma lumbares postraumático.

Según El Defensor del Paciente, pese a signos evidentes de anemia severa, insuficiencia renal aguda, extensos hematomas y deterioro progresivo, "la atención médica fue manifiestamente deficiente" y fue dada de alta "tras apenas una valoración inicial y un diagnóstico de lumbalgia, sin que se tomaran medidas adecuadas para contener la hemorragia, realizar estudios más detallados o valoraciones urgentes".

Horas después, la paciente requirió reingreso por agravamiento del cuadro clínico, con constantes inestables y evidencia de sangrado activo y fallo multiorgánico.

Según indica el letrado, durante su ingreso, se registraron datos clínicos preocupantes que requerían intervenciones urgentes para detener el sangrado del hematoma de músculo iliopsoas y pared abdominal, vigilancia intensiva y manejo de la anticoagulación.

Sin embargo, precisa que no se realizó ni embolización arterial ni derivación urinaria para tratar la insuficiencia renal obstructiva causada por el hematoma y, a pesar de las transfusiones y medidas paliativas efectuadas, la paciente evolucionó hacia un 'shock' hipovolémico y falleció el 29 de abril de 2019 tras una parada cardiorrespiratoria.

Añade que no se adoptó ninguna de las medidas recomendadas ante un gran hematoma expansivo que comprimía la vejiga y provocaba una alteración funcional que generaba una anemia severa y un fracaso renal, ya que la hemorragia que mantenía la paciente estaba generando la insuficiencia renal prerrenal que cursó con la oligoanuria.

La reclamación se fundamentó en la responsabilidad directa y solidaria de la aseguradora, que -señala el abogado- no solo actúa como intermediaria, sino que garantiza la efectiva prestación de los servicios médicos a sus asegurados mediante sus contratos con centros y profesionales médicos.

Vázquez considera que esta sentencia refuerza la responsabilidad de las compañías aseguradoras en los casos de mala praxis en servicios sanitarios privados.