Mijas impone más de 6 millones en penalizaciones a la concesionaria de limpieza por incumplimientos del contrato

El Ayuntamiento ha abierto siete expedientes a la UTE FCC Barbetium en 2026 y ha descontado 306.942 euros por servicios no prestados entre enero y agosto.

Mijas ha abierto en lo que va de 2026 siete expedientes sancionadores a la UTE FCC Barbetium, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, por distintos incumplimientos del contrato municipal. Las penalidades superan en conjunto los 6 millones de euros, a los que se suman 306.942 euros descontados de las certificaciones mensuales por trabajos no realizados y penalizaciones vinculadas al Plan de Calidad.

Según la información municipal, dos de los expedientes están calificados como muy graves. Uno se refiere a la no prestación reiterada de servicios ordinarios programados y otro al incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y de las instalaciones comprometidas en el contrato. Este último expediente contempla una penalidad del 7% del precio del contrato, equivalente a unos 6,09 millones de euros sobre un valor total de 87 millones.

El Ayuntamiento sostiene que realiza un seguimiento diario de los servicios incluidos en la concesión, con prestaciones registradas e inventariadas para comprobar qué trabajos se ejecutan y en qué condiciones antes de tramitar cada certificación mensual.

Entre enero y agosto se han detraído 286.718 euros por servicios no realizados: 169.133 euros corresponden a recogida de residuos y 117.586 euros a limpieza viaria. A esa cantidad se añaden 20.224 euros en penalizaciones del Plan de Calidad, hasta alcanzar los 306.942 euros de descuento total.

Los meses de julio y agosto, coincidiendo con la temporada alta, concentran 132.929 euros, el 43% de todo lo descontado en el año. El concejal de Limpieza Viaria, Eloy Belmonte, ha señalado que, cuando un servicio no se presta, "lo primero es que no se abona" y que el expediente sancionador se tramita después.

La penalización de mayor cuantía, vinculada al incumplimiento de las obligaciones de implantación, se inició en mayo con la apertura del plazo de alegaciones. Según el Ayuntamiento, la empresa no ha respondido a esas alegaciones y el expediente continúa su tramitación a la espera de su ejecución por el departamento municipal correspondiente.

Los expedientes abiertos este año recogen, además de la falta reiterada de prestación de servicios programados y los incumplimientos de implantación, la omisión del deber de comunicar averías de vehículos adscritos al servicio. El contrato de limpieza viaria y recogida de residuos fue adjudicado en 2022 y tiene un valor de 87 millones de euros.

Belmonte ha afirmado que la fiscalización diaria continuará mientras el contrato siga vigente y ha recordado que la eventual acumulación de tres incumplimientos muy graves podría abrir la puerta a una posible rescisión, una medida que dependería de la evolución de los expedientes y de los criterios jurídicos aplicables.

El Ayuntamiento subraya que los procesos sancionadores siguen en tramitación y que las cifras comunicadas corresponden a los datos disponibles hasta la fecha. La situación afecta a un servicio público esencial para residentes, comercios y visitantes, especialmente en los meses de mayor presión turística en el municipio.

El caso sitúa de nuevo en el centro del debate municipal el control de las grandes concesiones públicas y la capacidad del Consistorio para exigir el cumplimiento de los servicios contratados con fondos públicos.