Ruto ordena cerrar desde el lunes los pequeños negocios de extranjeros en Kenia

El presidente de Kenia, William Ruto, ordenó este miércoles el cierre de los pequeños negocios gestionados por extranjeros y fijó el próximo lunes, 7 de septiembre, como fecha de inicio de una ofensiva administrativa contra quienes operen en sectores que, según el Gobierno, deben quedar reservados para ciudadanos kenianos.

La instrucción fue anunciada durante una reunión con representantes de micro, pequeñas y medianas empresas en la Casa de Estado de Nairobi, donde Ruto defendió la necesidad de proteger a los comerciantes locales frente a la competencia de ciudadanos extranjeros en actividades de baja escala, como la venta ambulante y la explotación de pequeñas tiendas minoristas.

El mandatario sostuvo que Kenia continúa abierta a la inversión extranjera, pero trazó una línea entre los capitales destinados a crear empleo, producción y valor agregado, y la presencia de extranjeros en negocios informales o de pequeño tamaño que compiten directamente con la población local. "No hemos construido confianza inversora para que vengan vendedores ambulantes a Kenia", afirmó, de acuerdo con medios locales que recogieron sus declaraciones.

Ruto ordenó al Ministerio de Inversiones, Comercio e Industria iniciar las actuaciones la próxima semana, incluso antes de que el Parlamento concluya la tramitación de una norma específica. En particular, señaló al secretario de Comercio, Lee Kinyanjui, para que active la medida a su regreso de Addis Abeba, y pidió al líder de la mayoría en la Asamblea Nacional, Kimani Ichung'wah, que impulse el proceso legislativo.

La decisión se vincula con el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, una iniciativa que busca reforzar la participación de ciudadanos y empresas kenianas en sectores considerados estratégicos o sensibles. Según la información difundida por medios kenianos, el texto propone limitar determinadas actividades comerciales a nacionales del país y aumentar la contratación y adquisición local por parte de compañías extranjeras.

Entre las medidas atribuidas al proyecto figuran requisitos para que las empresas extranjeras garanticen una elevada proporción de trabajadores kenianos en sus plantillas y recurran en mayor medida a proveedores locales. En algunos sectores, como servicios financieros, seguros, construcción, transporte, logística o seguridad, se plantea que al menos una parte sustancial de bienes y servicios sea contratada dentro del país, siempre que cumpla los estándares exigidos.

El anuncio llega en un contexto de malestar entre comerciantes kenianos, que han denunciado la entrada de extranjeros en circuitos de venta minorista, especialmente en grandes ciudades. Ruto mencionó actividades como la venta ambulante de productos de consumo y la apertura de pequeños establecimientos, al considerar que esas oportunidades deben sostener el ingreso de la población local y no convertirse en un canal de competencia externa en la base de la economía.

La orden, sin embargo, abre interrogantes relevantes sobre su aplicación práctica. El Gobierno no ha detallado todavía una lista cerrada de negocios afectados ni el procedimiento que seguirán las autoridades para identificar a los comerciantes extranjeros sometidos a la medida. Tampoco se ha precisado qué sanciones afrontarán quienes no cierren sus negocios desde el lunes o cómo se distinguirá entre pequeña actividad comercial, inversión formal y emprendimientos con participación extranjera.

El Ejecutivo keniano ha defendido en los últimos meses que la economía muestra señales de estabilización, con una inflación más contenida, un tipo de cambio más estable y un entorno más atractivo para inversores. Ruto utilizó ese argumento para insistir en que el objetivo de atraer capital extranjero no es permitir la expansión de comercios de subsistencia gestionados por foráneos, sino fomentar proyectos que generen empleo, industrialización y producción local.

La medida puede tener un fuerte impacto en el comercio informal, uno de los espacios económicos más sensibles en Kenia por su relación directa con el coste de vida, el empleo urbano y la supervivencia de miles de pequeños vendedores. Para el Gobierno, la prioridad es proteger a los ciudadanos en rubros de bajo margen; para los críticos, el reto será evitar que la aplicación derive en arbitrariedad, discriminación o incertidumbre jurídica para negocios legalmente establecidos.

En cualquier caso, el plazo fijado por Ruto convierte el próximo lunes en una fecha clave para comprobar el alcance real de la ofensiva. La respuesta de los ministerios implicados, del Parlamento y de las asociaciones de comerciantes marcará si la orden se traduce en una acción puntual contra la venta ambulante extranjera o en una reforma más amplia del modelo de participación foránea en la economía keniana.