QUIEREN HACERNOS creer que a las islas afortunadas les ha tocado la lotería. Parece mentira que el Tribunal Supremo avale las prospecciones petrolíferas en Canarias, que en septiembre podrían iniciarse en contra de la gran mayoría de los ciudadanos canarios y de los propios gobiernos regionales, además de Greenpeace, Oceana y WWF que consideran que un posible derrame en la zona podría dañar a especies protegidas o arrecifes de coral y afectar al turismo y la pesca. Llevarán el caso a los tribunales europeos. También en Baleares temen la acción de la industria del oro negro. Las dos joyas insulares ven amenazada su riqueza marina, de las mayores de España. Si realmente hubiese petróleo, tan solo beneficiaría a Repsol, una empresa privada. La ciudadanía no percibiría ventaja alguna. Horadar el lecho marino en este tipo de explotaciones, para lo que se utilizan arenas abrasivas y productos tóxicos, ya de por sí contamina lo suyo. La actividad posterior de extracción continua, mucho peor, incluso alcanzando a las costas. Los impuestos de todos los españoles pagarían esos daños. Gran parte del archipiélago está declarada en distintas zonas como Reservas de la Biosfera por la UNESCO y nadie descarta tampoco las severas repercusiones socio-económicas sobre la actividad pesquera y turística en su conjunto, incluso con el mero anuncio de las pretensiones petroleras. A pocos canarios convence la favorable declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente para autorizar los sondeos, a pesar de que establezcan medidas preventivas y correctoras para evitar posibles riesgos. No quieren ningún riesgo, ningún impacto, ninguna agresión. El Parlamento canario ha aprobado la petición de competencias al Estado para convocar una consulta popular vía referéndum. No quieren este tipo de actividad en su tierra ni el riesgo de estropear su paisaje y su fuente tradicional de ingresos, y su modo de vida natural. ¿Por qué no les dejan tranquilos? Tan sólo interesa conservar los paraísos fiscales.
Juan Carlos YAGO |
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