El fiscal mantiene seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo por Fumapa y avisa de “ayudas encubiertas”

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la sesión de informes finales del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente al préstamo participativo por valor de 300.000 euros concedido por la entidad a la empresa jiennense Fumapa, declarada finalmente en concurso de acreedores, una operación que habría derivado en un perjuicio de 359.581,6 euros para las arcas autonómicas.

Este juicio se dirige contra el que fuera presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, --ya condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza correspondiente al préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis y a dos años y tres meses de prisión por la pieza de personal--; la exconsejera de la agencia IDEA y vocal del consejo de administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, --condenado a inhabilitación especial por prevaricación en la sentencia sobre el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias--; el vocal del consejo de administración de Invercaria y del consejo rector de IDEA Ramón Martín; y los directivos de Fumapa y su sociedad derivada Fumafra Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares.

Inicialmente, la Fiscalía reclamaba seis años de cárcel, diez años de inhabilitación especial y 15 de inhabilitación absoluta para Pérez Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete y Ramón Martín por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos; así como dos años y medio de cárcel, seis años de inhabilitación especial y cinco años de inhabilitación absoluta para los empresarios encausados como supuestos inductores del delito perpetrado.

Empero, la Fiscalía ha modificado su escrito de conclusiones provisionales retirando la acusación contra Francisco Gutiérrez Cañizares, cuya participación en los hechos se limitaría a la de "partícipe a título lucrativo"; reduciendo además la petición de pena respecto a Fulgencio Canales a un año y medio de cárcel y dos años de inhabilitación especial.

Así, el fiscal ha mantenido sus peticiones de pena respecto al resto de acusados, es decir Pérez-Sauquillo y los demás miembros del consejo de administración, apreciando respecto a Invercaria "un sistema prácticamente de subvenciones y ayudas encubiertas", en un "contexto de absoluta arbitrariedad y negligencia".

El préstamo concedido por Invercaria a Fumapa, jamás devuelto, habría sido concedido según el fiscal con una documentación "insuficiente e inconcreta", en un momento en el que la entidad estaba "en quiebra técnica", con lo que Pérez-Sauquillo, como presidente, "soslayó toda aplicación del plan director" de Invercaria y "cualquier análisis" de la operación, mientras los demás miembros del consejo de administración incurrieron según el Ministerio Público en una "dejación consciente y deliberada" de sus funciones, "incumpliendo las más elementales normas".