Guía de San Pedro Alcántara
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La defensa del guardia civil que se enfrenta a una petición fiscal total de siete años de cárcel por facilitar presuntamente a cambio de dinero datos de tráfico de vehículos ha negado este lunes que revelara información secreta y que recibiera pagos de otro hombre, también acusado.
En la fase de alegaciones previas al inicio del juicio con jurado que acoge la Audiencia de Sevilla, esta defensa ha atribuido lo ocurrido a un "exceso de confianza" entre ambos procesados, quienes mantuvieron durante años vínculos familiares y de amistad.
También ha considerado "totalmente desproporcionada" la pena solicitada para una cuestión que, en su opinión, solo merecería "reproche" interno por la vía disciplinaria, teniendo en cuenta que facilitó a su familiar información "pública" y que, de hecho, se puede solicitar a Tráfico con el pago de una tasa de menos de 10 euros.
"Se lo facilitó por pura comodidad", ha asegurado la defensa del guardia civil, quien ha negado igualmente que este recibiera pagos -dado que no existe "ningún movimiento de dinero"-, y que ha considerado una "práctica habitual" que los agentes accedan a información que le piden otros compañeros.
Por su parte, la defensa del otro acusado ha asegurado al jurado que "lo que se presenta como un acto de corrupción" se apoya, a su juicio, solo en unos mensajes de WhatsApp entre dos personas con una relación de confianza, y que no existe prueba alguna de soborno.
Acusación de la Fiscalía
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para cada uno de los investigados cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 3.600 euros por cohecho, en el caso del agente como autor de un delito de cohecho pasivo y en el caso del otro encausado como autor de un delito de cohecho activo.
Para el guardia civil también pide tres años de prisión, inhabilitación absoluta por tiempo de seis años y el pago de una segunda multa de 3.600 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La Fiscalía considera que, en este caso, los hechos son "irrefutables" y cree que las defensas admiten "genéricamente" su relato, pese a que puedan considerar que la revelación de los datos no tuviera relevancia penal.
El fiscal ha advertido al jurado que la propia aplicación a la que se accedió avisaba de que los datos eran "reservados" y por tanto afectaban a la intimidad de personas vinculadas a los vehículos consultados.
"Si fueran datos públicos, ¿para qué acudió a un agente de la Guardia Civil?", se ha preguntado el fiscal, quien se ha mostrado convencido de que tuvo que haber un "interés económico".
Escrito de acusación
El Ministerio Público sostiene en su escrito que, en 2023, el ciudadano acusado de cohecho activo hacía trabajos remunerados para una agencia de investigación y, para esa labor, le interesaba conocer detalles de tráfico de diferentes vehículos, como los titulares, matriculación, ITV.
Sabiendo que el agente investigado podía acceder a los mismos, le pidió dichos datos a cambio de una remuneración económica, según la Fiscalía.
El agente acusado, consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello y, para tratar de ocultarse, en diferentes ocasiones acudió a otros compañeros a los que les pedía que les facilitara la información requerida "y que desconocían el fin último de los datos que le daban".
La Fiscalía enumera distintos datos y matrículas que se facilitaron en el período comprendido entre el 27 de junio y el 21 de septiembre de 2023, y concluye que "no consta cuánto dinero recibía por cada información que daba".
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