La Fiscalía especializada de Medio Ambiente de Málaga inició en 2020 un total de 142 diligencias de investigación, una cifra similar a la del año anterior, en el que fueron 143, y ello "a pesar de los periodos de confinamiento y el parón" debido al coronavirus. La mayoría de estas actuaciones fueron relativas a delitos de urbanismo y contra la flora y fauna.
Así se señala en la memoria de la Fiscalía del pasado año, consultada por Europa Press, en la que se precisa que fueron 58 las diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo y 41 contra la flora y la fauna; seguidas de las relacionadas con el maltrato animal (29). De las 142, 25 fueron archivadas.
En cuanto a las calificaciones, el fiscal delegado de este área de especialización señala que se realizaron 59 escritos de acusación, de las que la mayoría fue por delitos contra la flora y fauna (24), seguidas de ordenación del territorio y urbanismo (19) y seis de maltrato animal. Por incendios forestales se emitieron cinco calificaciones.
Según la memoria, durante 2020 se produjeron al menos 19 demoliciones de edificaciones irregulares en ejecución de sentencia, todas ellas ejecutadas por el propio penado. Esta cifra podría ser mayor "al no computarse aquellas realizadas durante la instrucción del procedimiento con vistas a la aplicación de atenuante de reparación del daño causado".
Al respecto, el fiscal considera "especialmente importante" en materia de delitos contra la ordenación del territorio "el control de la ejecución de la sentencia condenatoria, en particular la vigilancia de la reparación del daño producido por el delito"; es decir, "la demolición de la construcción ilegal y el restablecimiento del terreno a su estado original".
Por eso señala que se solicita, "no siempre con éxito", la no concesión de beneficios de suspensión de la pena privativa de libertad en tanto no se haya procedido a esa reparación del daño o bien la concesión del beneficio condicionado a la demolición.
Al respecto, se indica que las ejecuciones "se dilatan en el tiempo durante años, a base de recursos, y peticiones de lo más variopinto" para evitar la demolición; apuntando que "cuando por fin se consigue del juzgado la orden al ayuntamiento para la ejecución de la demolición subsidiaria, se oponen, generalmente, obstáculos de todo tipo por parte de la administración local".
Colaboración
Por eso, señala "la escasa colaboración de la mayoría de los entes locales en la ejecución de los pronunciamientos firmes de demolición en causas penales", apuntando que "una vez requerido el correspondiente ayuntamiento, el proceso es lento, a veces plagado de inconvenientes".
Asimismo, el fiscal señala la buena labor desarrollada por el equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, con apoyo y dirección de dicha Fiscalía, sobre todo en materia de maltrato animal, protección de flora y fauna y delitos contra el medio ambiente.
También destaca los buenos resultados en la detección de delitos contra especies amenazadas de flora y fauna silvestre y de persecución del marisqueo ilegal, principalmente de las llamadas ortiguillas --'anemonia sulcata'-- "obteniendo en la gran mayoría de los casos sentencias condenatorias, una vez judicializadas las diligencias de investigación".
Igualmente subraya la labor realizada en estas materias y, en particular, en la persecución de delitos contra la ordenación del territorio del Grupo de Protección de la Naturaleza de la Policía Local de Málaga y "el buen trabajo" en delitos contra la flora y fauna desarrollado por los agentes de Medio Ambiente.