Salud reúne a la comisión provincial para el seguimiento de las agresiones a personal del sistema sanitario público

La Delegación Territorial de Salud y Familias ha convocado hoy una reunión de la comisión provincial de agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el órgano constituido por la Junta para el seguimiento y coordinación de las incidencias en este ámbito, en el que también están presentes los interlocutores de la Policía Nacional y Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y el 061 y los letrados de la administración sanitaria.

Durante el encuentro se han presentado los datos de agresiones registradas este año en la provincia, que hasta la fecha ascienden a 42, 2 de ellas físicas y 40 no físicas o verbales. Desde este foro se ha aprovechado para reiterar un mensaje de concienciación a la ciudadanía y de tolerancia cero ante este tipo de sucesos. “No podemos justificar bajo ningún concepto que los profesionales sanitarios sufran actos violentos en el ejercicio de su actividad asistencial, tal y como ocurrió ayer en el Hospital Provincial”, ha afirmado la delegada territorial de Salud y Familias, M.ª Jesús Botella.

En este sentido, Salud y Familias sostiene que el sistema sanitario público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca, debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes, como es hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud.

Además de analizar la situación en los diferentes centros y reforzar los mecanismos de colaboración entre todos los actores participantes, en la comisión también se ha abordado la implantación y desarrollo en la provincia del nuevo plan de prevención y atención de agresiones puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias para avanzar en la protección del personal del SAS en este apartado, cuya principal novedad ha sido la creación de la figura del profesional guía frente a agresiones.

Este profesional tiene una doble función: por un lado, ayudar en la prevención a través de la identificación de situaciones conflictivas con carácter preventivo y derivando al educador o trabajador social a aquellas personas con un potencial alto de conflictividad, organizando además actuaciones dirigidas a profesionales, usuarios y familiares; y, por otro lado, mejorar la atención que se presta a los trabajadores que hayan sufrido una agresión mediante su acompañamiento, facilitándoles los trámites posteriores y apoyando y asesorando acerca del procedimiento completo.

Esta figura, implantada en cada centro en función de sus características e incidencia, trabaja en coordinación con los trabajadores sociales, interlocutores policiales y sanitarios con el objetivo de impulsar acciones concretas a nivel local dirigidas a prevenir futuras agresiones en sus respectivos centros de trabajo.

Desde el plan también se facilita atención psicológica al profesional afectado durante el tiempo que sea necesario y se realizan acciones de comunicación dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Otra de las líneas incluidas es un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario y que conlleva la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los letrados del SAS.

La formación a los profesionales ha cobrado especial importancia con el nuevo plan, con una doble vertiente: aprender a controlar situaciones conflictivas y qué hacer cuando se produce una agresión. En la provincia de Córdoba se han impartido 9 sesiones informativas y formativas durante el primer semestre del año: cinco en Córdoba capital y cuatro en la provincia. En estas sesiones informativas han participado los interlocutores de la Policía Nacional y Guardia Civil, los responsables de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros y los letrados de la administración sanitaria.

El plan recoge también la puesta a disposición de los profesionales que lo deseen del uso de la aplicación para móviles Alertcops, que permite la geolocalización en las asistencias sanitarias a domicilio y la comunicación con los cuerpos policiales.