La UGT Andalucía ha reivindicado el papel del sindicalismo de clase como "herramienta imprescindible para combatir las desigualdades, fortalecer la cohesión social y garantizar un progreso compartido" en una resolución aprobada este martes en un comité regional.
La resolución parte de un diagnóstico sobre el contexto actual, marcado por "profundas transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas, así como por el avance de discursos autoritarios y de odio que amenazan los valores democráticos y los derechos conquistados por los trabajadores", ha informado en un comunicado.
Entre los principales acuerdos adoptados en el comité regional destaca la exigencia de un reparto más justo de la riqueza, mediante el fortalecimiento de la negociación colectiva, la mejora de los salarios, la incorporación de cláusulas de garantía salarial y el reconocimiento de la cualificación profesional.
La organización considera imprescindible que la recuperación económica se traduzca en una mejora real del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.
El comité regional también ha reafirmado la apuesta de UGT Andalucía por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial como paso previo a la consecución de las 32 horas.
En materia de empleo, la resolución reconoce la mejora experimentada en los últimos años, pero alerta de que Andalucía sufre problemas estructurales como el desempleo juvenil, la precariedad, la parcialidad involuntaria, los bajos salarios y la excesiva dependencia de sectores de bajo valor añadido.
Por ello, reclama una apuesta decidida por la industria, la innovación, la formación y el empleo estable y de calidad.
La salud laboral ocupa un lugar prioritario en los acuerdos aprobados e insiste en que la siniestralidad laboral sigue siendo una de las principales lacras del mercado de trabajo y reclama una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que incorpore los riesgos psicosociales, la salud mental, los efectos del cambio climático y las nuevas formas de organización del trabajo derivadas de la digitalización.
En el ámbito de los servicios públicos, el Comité Regional denuncia el deterioro de la sanidad pública, las listas de espera, el déficit de profesionales y la creciente privatización de servicios esenciales.
Asimismo, reclama más recursos para la educación pública, la dependencia y los servicios sociales, defendiendo el carácter universal y de calidad de estos servicios como garantía de igualdad y cohesión territorial.
La vivienda constituye otro de los ejes centrales de la resolución y ha reclamado un incremento sustancial del parque público de vivienda, medidas contra la especulación, movilización de vivienda vacía y ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil.





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