San Pedro Alcántara
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La Junta de Andalucía quiere acelerar la construcción de vivienda asequible mediante una mayor implicación de ayuntamientos, empresas públicas y promotores privados. La medida se enmarca en un contexto de fuerte demanda residencial y escasez de oferta protegida, uno de los principales problemas sociales y económicos que afrontan las familias en la comunidad.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, trasladó este martes en Antequera, durante una reunión con representantes de FADECO Promotores, que el Gobierno andaluz mantendrá como prioridad el aumento de la oferta de vivienda protegida y asequible. La Administración autonómica sostiene que el volumen de pisos necesarios exige combinar recursos públicos, suelo disponible, financiación privada y capacidad constructiva.
Uno de los datos principales es la movilización de suelo público con capacidad para levantar 3.678 nuevas viviendas a través del Plan Anual de Enajenación de Bienes 2026 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, adscrita a la Consejería. Esta operación busca activar parcelas que podrían permanecer sin uso pese a la necesidad de vivienda.
La Junta también mantiene programas de ayudas dirigidos a promotores públicos y privados para hacer viables promociones destinadas al alquiler o a la cesión de uso con precios protegidos. Según los datos trasladados por la consejera, estas líneas acumulan más de 300 millones de euros en subvenciones y unas 7.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, sumando el Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler y el Programa 6 de EcoVivienda.
El enfoque del Ejecutivo andaluz pasa por utilizar la inversión pública como palanca para desbloquear proyectos que no resultarían rentables únicamente con financiación privada si deben mantener precios asequibles. Díaz defendió que una ayuda pública puede permitir incorporar capital privado y multiplicar el efecto de cada euro invertido si termina traduciéndose en viviendas accesibles para las familias.
Además de las subvenciones, AVRA está recurriendo a fórmulas como la permuta de suelo público por viviendas protegidas. En estos casos, la Administración aporta una parcela para que un promotor construya y recibe a cambio parte de las viviendas resultantes, que pasan a integrarse en el patrimonio público.
Un ejemplo citado por la Consejería es Huerta Santa Isabel, en Córdoba, donde se han construido 60 viviendas protegidas tras años sin avances. Para la Junta, este tipo de operaciones permite convertir suelo público inmovilizado en vivienda efectiva, manteniendo además una parte de los inmuebles bajo titularidad pública.
La vivienda entra también en la nueva planificación autonómica hasta 2030. El borrador del Plan Vive 2026-2030 sitúa el incremento de la oferta como prioridad central e incluye medidas relacionadas con la urbanización de suelos, las promociones protegidas y la adquisición de viviendas.
Otra de las piezas previstas es la Comisión Andaluza de Colaboración Público-Privada en Materia de Vivienda, incluida en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía. El órgano, cuyo desarrollo prepara la Consejería mediante un decreto, deberá impulsar y evaluar fórmulas de cooperación para promover vivienda asequible, movilizar suelo y estudiar instrumentos de financiación con participación de la Junta, entidades locales, operadores privados, tercer sector y expertos.
La consejera vinculó esta estrategia a la necesidad de dar continuidad, seguridad jurídica y reglas claras a los operadores que puedan colaborar con la Administración. También subrayó que la participación privada debe ir acompañada de condiciones públicas sobre precio, destino y régimen de las viviendas.
Díaz aprovechó la reunión para reclamar de nuevo la derogación de la Ley Estatal de Vivienda, al considerar que genera inseguridad jurídica y que está reduciendo la oferta en el mercado. La consejera atribuyó parte de esa retirada de viviendas al temor de propietarios ante la ocupación ilegal.
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