Nuevo acto vandálico en la puerta del ascensor de la Gran Plaza sobre el río (Chiclana)

El ascensor de la Gran Plaza sobre el río de Chiclana ha sufrido un nuevo acto vandálico, tras aparecer en la jornada de ayer con la puerta interior completamente descolgada, impidiendo así su cierre y, por tanto, el uso del elevador por parte de la ciudadanía. Una situación que, tal y como aclara la delegada municipal de Mantenimiento Urbano, Mª Ángeles Martínez Rico, "se ha repetido en varias ocasiones, ocasionando problemas de movilidad a las personas que quiere cruzar el río por esta zona de la ciudad".

"Desgraciadamente, no es la primera vez que este ascensor, así como los del Puente Chico, sufren actos vandálicos por parte de ciertas personas, que no valoran los servicios que se les ofrece ni los altos costes que supone la reparación de cualquier tipo de desperfecto", lamenta Martínez Rico. En este sentido, hay que resaltar que, una vez los técnicos municipales se percataron de esta situación, dieron el aviso a la empresa encargada de su reparación. "Estamos hablando de un triste suceso que va a provocar un desembolso de 1.165,47 euros por parte del Ayuntamiento para la reparación de dicho ascensor. Una cantidad que no podrá destinarse a otras mejoras en la ciudad por culpa de ciertos desalmados, que no tienen otra cosa que hacer que destrozar la puerta de este elevador", manifiesta.

Asimismo, la delegada de Mantenimiento Urbano insiste en que "ya el hecho del mantenimiento de los ascensores de la Gran Plaza o del Puente Chico supone una inversión importante cada año para este Ayuntamiento. Por ello, hay que lamentar que, por culpa de unos vándalos, ese desembolso tenga que incrementarse, en este caso, en más de 1.100 euros". "Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para, en primer lugar, llevar el buen uso de las infraestructuras del municipio y, en segundo lugar, denunciar cualquier tipo de acto vandálico que pueda ver, con el objetivo de evitar que vuelvan a producirse", expresa Martínez Rico, quien añade que "es inadmisible que este tipo de actos por parte de determinadas personas afecte al normal funcionamiento de los servicios y que, por tanto, al resto de la ciudadanía".