La protección del Guadalquivir frente a los vertidos mineros moviliza a miles de personas en Sanlúcar de Barrameda

Miles de personas se han dado cita hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una manifestación masiva contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre las Cruces (Gerena), que traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura, y para el Parque Nacional de Doñana.

A pesar de la lluvia y bajo el lema "No a los vertidos mineros al Guadalquivir", esta movilización, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, es un paso más dentro de la campaña de denuncia sobre la desprotección a la que se enfrenta el río Guadalquivir. La marcha ha sido apoyada también por varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir como Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las entidades convocantes advierten que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura.

La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería que tendrá el punto de vertido frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos metales pesados representan una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de la variedad de productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.

Por otro lado, las organizaciones convocantes advierten que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esto comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, los cuales tienen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía aducen que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten, lo cual, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que estos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un "fondo de saco", frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como "tapón salino", que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Por todo ello, las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, también demandan que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos, puesto que la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin tener en cuenta el efecto sumatorio que tiene con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre las Cruces.

Además, denuncian la actitud de sordera institucional que está teniendo la Junta en esta cuestión, ante las reiteradas voces de alarma que las diferentes organizaciones y entidades han demostrado en relación a estos proyectos de vertido. Una actitud que se ve reforzada con la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que oculta informes técnicos en los procesos judiciales que ya hay abiertos en el TSJA, sobre la deficiente evaluación de los efectos del vertido y posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir.