Santa Cruz modifica la ordenanza de Residuos y la ajusta a la ley de Economía Circular estatal

La Junta de Gobierno de Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó hoy el Proyecto de Modificación de la Ordenanza Fiscal de Gestión de Residuos de Competencia Municipal, cumpliendo así el mandato legal establecido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a que los Ayuntamientos establezcan una tasa específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, y el coordinador general de Hacienda y Política Financiera, Rogelio Padrón, comparecieron tras la Junta de Gobierno, para explicar la modificación de la ordenanza, que ahora deberá ser ratificada por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

Díaz Estébanez explicó que "a pesar de la oposición generalizada de la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de España, entre los que se incluye el de Santa Cruz, a esta obligación y las reiteradas peticiones para establecer vías de diálogo para modificar su contenido, la norma no ha sido modificada por el Gobierno de España y, por tanto, todos los Ayuntamientos de España se ven obligados a su cumplimiento, lo que se traduce en un incremento significativo de la tasa de basura, tanto de las viviendas como de los negocios".

El edil de Hacienda detalló que "esta imposición normativa obliga a trasladar a los ciudadanos el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos lo que va a suponer, en el caso de Santa Cruz, un incremento global en el entorno del 50%, precisamente por ser Santa Cruz un municipio donde este tributo se mantenía especialmente bajo. No obstante, incluso así el incremento tributario y las cuotas resultantes se mantienen por debajo de otros municipios de la isla".

"Con la modificación acordada -continuó el edil- se les da un profundo cambio a los criterios de establecimiento de las cuotas con el objetivo de cumplir los principios de que "el que contamina paga" y de que "pague más el que más tiene", recogidos en la ley de economía circular".

El edil detalló que "de este modo se abandona el sistema hasta ahora vigente según el cual en cada vivienda se paga lo mismo, y en el caso de Santa Cruz, hemos decidido establecer un sistema basado en el valor catastral de la vivienda y el número de residentes en la misma. Mediante este sistema de cálculo el incremento que experimenten los residentes en viviendas de bajo valor catastral será sensiblemente inferior al que se aplique a las viviendas de las zonas más exclusivas de la ciudad".

El coordinador de Hacienda, por su parte, explicó que "en cualquier caso y dada la configuración normativa de esta tasa, deberá de ser objeto de actualización periódica con el fin de que los ingresos sigan cubriendo los costes del servicio, así como de aprovechar las innovaciones tecnológicas que se puedan implantar (los llamados "contenedores inteligentes").

Padrón añadió que "la información que puedan aportar estos contenedores sobre la generación de residuos de los contribuyentes y sobre sus hábitos de reciclaje, nos permitirá una mayor personalización del tributo que contribuya a incentivar las prácticas de entrega selectiva de los residuos".

Díaz Estébanez apuntó que, a pesar de la rigidez de la norma, se han establecido una serie de bonificaciones en aquellos casos que la ley lo permite. Así "aquellas familias en situación de riesgo de exclusión social, tendrán una bonificación del 50% sobre la tasa de basura; aquellos contribuyentes que separen la materia orgánica en el contenedor marrón, una vez que se complete su implantación, tendrán un 10% de descuento; o se bonificará con un 25% los inmuebles desocupados".

Se mantendrán las bonificaciones para familias numerosas, así como las relacionadas con la distancia de la vivienda al contenedor más cercano, de forma que "si el contenedor está a más de 200 metros del domicilio, tiene derecho a una bonificación del 50%". "Esto en el caso de Anaga -continuó el edil- tiene una variante en Anaga, en la que por una cuestión de orografía, se reduce esa distancia a 150 metros, y si la distancia supera los 300 metros se bonifica al 100% la tasa".

El edil de Hacienda detalló aquellas bonificaciones que desaparecen en la nueva ordenanza como por ejemplo la de la concurrencia de cuotas cuando en un mismo inmueble se destinaba simultáneamente a vivienda y actividad económica. "Esto suponía un gran perjuicio para los pequeños autónomos que trabajan en su domicilio, por lo que con esta modificación desaparece esa concurrencia".