El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado en sesión plenaria, con el respaldo de todos los grupos municipales salvo VOX -que se abstuvo-, una iniciativa orientada a garantizar la continuidad del servicio público de atención a la infancia, así como el mantenimiento de las plazas y del empleo vinculados a la Escuela Infantil Anaga, mediante su reubicación en otros recursos del Gobierno de Canarias dentro del municipio.
El acuerdo aprobado insta a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias a asegurar esta continuidad efectiva del servicio, sustentada en el mantenimiento de la red pública de escuelas infantiles, la adecuada dotación de personal y los medios necesarios para garantizar una atención de calidad, así como la apertura inmediata del proceso de escolarización y matrícula para el curso 2026/2027.
De este modo, se garantiza que las familias no pierdan el acceso a plazas públicas y que el personal continúe desarrollando su labor en el sistema público, reforzando la estabilidad laboral y la calidad asistencial, todo ello dentro de recursos próximos en el propio municipio.
Reorganización basada en la evolución de la demanda
El Ayuntamiento subraya que esta decisión responde a una planificación responsable basada en datos objetivos, en un contexto de descenso sostenido de la demanda en la Escuela Infantil Anaga, donde el número de menores ha pasado de 44 en el curso 2022/2023 a 32 en el curso 2025/2026. Esta evolución, junto con el bajo número de solicitudes como primera opción, evidencia la necesidad de adaptar la red pública a la realidad actual, garantizando siempre el servicio, pero optimizando los recursos disponibles.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó el valor del acuerdo alcanzado: "Este acuerdo garantiza que ninguna familia pierda su plaza pública y que todos los profesionales mantengan su empleo dentro del sistema. Actuamos con responsabilidad, adaptando los recursos a la demanda real sin renunciar en ningún momento a la calidad del servicio público."
Una oportunidad para responder a nuevas necesidades sociales
En paralelo a la garantía del servicio infantil, el Ayuntamiento ha planteado la reorientación del actual espacio de la Escuela Infantil Anaga hacia un recurso destinado a la atención de personas mayores, en respuesta a la evolución demográfica del entorno. El análisis incluido en el Plan Estratégico 2025-2030 pone de manifiesto un envejecimiento significativo en la zona centro, especialmente en el barrio de Salamanca, donde la población mayor supera ampliamente a la población infantil.
En este sentido, la concejala de Políticas Sociales, Educación y Juventud, Charín González, explica que "los datos sociodemográficos son claros: en la zona Centro, donde se ubica el barrio Salamanca, donde se encuentra la escuela Anaga, hay más del doble de personas mayores de 64 años que menores de 16. Este envejecimiento, muy por encima de la media municipal, junto a una alta tasa de dependencia, evidencia que las necesidades del barrio han cambiado y requieren reforzar los recursos dirigidos a nuestros mayores."
Asimismo, añade que "por eso desde el Ayuntamiento, con el compromiso de la consejería del mantenimiento de las plazas y de los empleos, solicitamos que el espacio de escuela infantil de Anaga se convierta en un recurso especializado para la atención de personas mayores". El Consistorio insiste en que esta propuesta permite aprovechar un equipamiento público existente para dar respuesta a una demanda creciente, reforzando la red de atención a mayores en una zona donde este tipo de recursos resulta especialmente necesario.
Garantía del servicio público y planificación de futuro
El acuerdo alcanzado refleja una doble prioridad: por un lado, proteger y garantizar el servicio público de educación infantil, asegurando plazas y empleo dentro del sistema; y por otro, avanzar en una planificación estratégica de los recursos sociales, adaptándolos a la realidad demográfica del municipio.
En definitiva, el Ayuntamiento de Santa Cruz apuesta por una gestión equilibrada que permite mantener los servicios esenciales y, al mismo tiempo, impulsar nuevos recursos para personas mayores, especialmente en barrios donde el envejecimiento de la población hace imprescindible reforzar este tipo de infraestructuras.





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