La Guardia Civil ha investigado en Almansa (Albacete) a una mujer de 56 años por la presunta posesión ilegal de una tortuga caimán o aligátor (Macrochelys temminckii), un ejemplar de fauna silvestre protegido por el convenio internacional CITES y considerado de especial riesgo por la fuerza de su mordedura y por su posible impacto sobre los ecosistemas si fuera liberado.
La actuación fue realizada por efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de la Guardia Civil de Almansa después de tener conocimiento de que el animal se encontraba en el patio interior de un domicilio de la localidad.
Tras una inspección administrativa, los agentes comprobaron que se trataba de una tortuga caimán, especie originaria de Estados Unidos e incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Al requerir a la propietaria la documentación que acreditara su procedencia y tenencia legal, esta no pudo justificar que la adquisición y posesión del ejemplar se ajustaran a la normativa vigente.
Ante la falta de documentación, la Guardia Civil procedió a la intervención del animal, adoptó medidas para garantizar su custodia y puso los hechos en conocimiento de los organismos competentes.

La persona investigada también ha sido denunciada por distintas infracciones administrativas relacionadas con la normativa sobre represión del contrabando, bienestar animal y tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La importancia del caso va más allá de la tenencia irregular de una especie protegida. La tortuga caimán puede alcanzar gran tamaño y su mordedura exige una manipulación especializada. Además, su liberación en ríos o masas de agua podría suponer un riesgo ecológico para la fauna autóctona y un problema de seguridad para las personas.
La normativa española limita la tenencia de fauna silvestre en cautividad y prevé que solo puedan mantenerse como animales de compañía aquellas especies incluidas en los listados permitidos por la ley, siempre que no supongan riesgos para la salud, la seguridad, el bienestar animal o la biodiversidad.
Las diligencias instruidas por la PAPRONA fueron remitidas a la Sección Civil e Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Almansa por un presunto delito contra la flora y la fauna. Este tipo penal puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial, según los supuestos previstos en la legislación aplicable.





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