Un nuevo estudio concluye que la detención de personas en situación irregular y el retorno forzado al país de origen es una medida ineficaz y contraria a los derechos fundamentales

Los profesionales que llevan a la práctica el retorno forzado de inmigrantes en situación irregular hasta su país de origen afirman, desde su experiencia, que las detenciones y deportaciones, además de ser prácticas contrarias a los derechos fundamentales, no logran los objetivos que persiguen. Consideran que deberían ser medidas excepcionales.

Esta es una de las conclusiones del proyecto de investigación europeo MORE ("Motivations, experiences and consequences of returns and readmissions policy"), coordinado por la profesora de la Universidad de Barcelona Olga Jubany y que se ha llevado a cabo en siete estados de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Suecia) y en el Reino Unido. Para la investigación se ha entrevistado a personas que han diseñado las políticas de migración y también a profesionales que las aplican, como jueces, trabajadores de centros de detención, agentes de fronteras, policías u oficiales de extranjería.

Las personas entrevistadas creen que las medidas restrictivas que se aplican —como el alargamiento de los tiempos de detención— no solo no dan respuesta a la situación de irregularidad, sino que incluso la incrementan, al tiempo que requieren una cantidad significativa de recursos. Apuntan que, para evitar las detenciones, hay medidas alternativas infrautilizadas, como la retirada del pasaporte. Y, en cuanto a la deportación, opinan que debería ser una medida excepcional y alertan del peligro de que se utilice como herramienta punitiva para los comportamientos no normativos, sin garantía legal suficiente para las personas afectadas. Señalan que la política de retornos sigue una lógica punitiva que aumenta la precariedad, la inseguridad y la victimización de las personas en situación de irregularidad.

Estas conclusiones del estudio etnográfico con profesionales que llevan a cabo las políticas de retorno se presentaron en marzo en el Parlamento Europeo. El proyecto MORE aún debe realizar otra parte del estudio etnográfico, con inmigrantes en riesgo de ser deportados y personas que los apoyan, así como la primera sistematización hecha hasta ahora de las distintas encuestas públicas que abordan temas relacionados con la gestión de la situación de irregularidad.

La profesora Jubany explica que "el proyecto MORE nace de la necesidad de examinar críticamente las lógicas que legitiman el enfoque de las políticas de retorno y readmisión como principal herramienta en la gobernanza migratoria y las consecuencias que eso conlleva". "Este enfoque ha erosionado progresivamente las garantías de derechos, restringiendo las vías de regularización y reforzando mecanismos de control cada vez más punitivos y restrictivos, sin aportar soluciones estructurales para la gestión de la movilidad ni reducir de forma efectiva la irregularidad", concluye la investigadora.