El futuro de la alimentación está en peligro. Por eso, un grupo de activistas de Greenpeace ha construido, desde primera hora de esta mañana, un muro con unas 300 cajas vacías de alimentos en la entrada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. La organización ecologista lleva años pidiendo el fin de las macrogranjas, de la pesca industrial y de las prácticas nocivas en la agricultura, pero el ministro Luis Planas continúa permitiendo actividades que destruyen el medioambiente y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. A pesar de la urgencia, se niega a impulsar la transición hacia un modelo alimentario sostenible. La futura Ley de Agricultura Familiar, clave para este cambio, sigue sin presentarse y acumula retrasos injustificables.
Greenpeace utiliza la metáfora de las cajas vacías para mostrar la preocupación por un futuro incierto para la alimentación de la ciudadanía y para las personas productoras, y muy condicionado por la crisis climática y la dependencia de recursos importados. Los activistas han mostrado pancartas con mensajes como "Con la comida no se juega. ¡Transición Alimentaria YA!"
"Hay que decirle al ministro Planas que '¡basta ya de alimentar un modelo de producción que nos está llevando directos al desastre!', ha declarado Helena Moreno, responsable de sistemas alimentarios sostenibles de Greenpeace España: "El futuro de nuestra alimentación está en peligro, tanto por las condiciones cada vez más complicadas de las personas que producen alimentos, como por la crisis climática que ya está afectando a las cosechas y a nuestros bolsillos. Ha llegado la hora de poner en marcha la transición hacia un modelo alimentario sostenible y justo".

La creciente crisis geopolítica pone en evidencia la fragilidad del sistema alimentario español y su dependencia de materias primas, insumos y combustibles fósiles. El conflicto entre Israel e Irán está incrementando los precios de los fertilizantes nitrogenados y el combustible agrario, lo que directamente incrementará los precios de los alimentos. Las crisis geopolíticas fragilizan los sistemas alimentarios europeos, haciéndolos más vulnerables a las perturbaciones climáticas e incrementando la inseguridad alimentaria vinculada al aumento de precios de los alimentos.
Pero no es el único problema. Según los últimos censos agrarios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, desde el año 1999, se ha perdido un 21,3 % del trabajo asociado al sector agrario. Además, la flota pesquera se ha reducido un 34 % desde 2006, según el registro de buques del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para el mismo período de tiempo, se han cerrado 374.580 explotaciones agrarias, un 29 % menos en dos décadas, intensificándose la producción industrial de las existentes. Los beneficios de las grandes corporaciones alimentarias no han parado de crecer a costa de la salud y el bolsillo de la ciudadanía. Así, entre las empresas alimentarias que más facturan destacan Mercadona (con 31,6 mil millones de euros, siendo la empresa que más facturó en España en 2023), Carrefour (14º puesto en el ranking nacional), Lidl (22º), Alvean Sugar (27º), Alcampo (28º), Día (36º), Consum (37º), Bunge Iberica (49º), Coca Cola (55º), Corporación Alimentaria Guissona (69º) o Nestlé (73º). Estos datos revelan cómo la industrialización del sector primario está beneficiando a unos pocos mientras perjudica a muchas familias.

A nivel mundial los efectos del cambio climático reducirán las cosechas agrícolas un 8 % para 2050 y en un 11 % hacia finales de siglo, es decir, cada grado centígrado adicional de calentamiento global de media mermará la capacidad mundial de producir alimentos en 120 calorías por persona y día, un 4,4 % del consumo diario actual. En España, el coste ambiental, que pagamos entre todas las personas, es enorme. Si seguimos con el modelo actual en 2050, asumiendo un escenario climático moderado, se reducirán las cosechas un 8 %, se incrementará un 7 % la emisión de gases de efecto invernadero asociadas a la alimentación y se mantendrá la contaminación del agua por nitratos. Continuará el declive de la biodiversidad, aumentando las especies terrestres amenazadas, con especial incremento relativo de los polinizadores y reduciendo la biodiversidad marina, suponiendo un 53 % menos de capturas en caladero nacional.
Sin embargo, si se adopta el Modelo Alimentario Sostenible y no dependiente de las perturbaciones mundiales, tal y como propone Greenpeace, los beneficios serían múltiples y todas las personas saldrían ganando, muy en particular las y los agricultores, ganaderos y pescadores, principales víctimas de la crisis ecológica en la que estamos inmersos. Aumentarían los empleos vinculados a la alimentación un 35 % y se pasaría de un modelo emisor a otro sumidero de carbono, reduciendo un -116 % las emisiones asociadas a la alimentación. Se haría un uso más sostenible del agua, y habría una reducción del 57 % la contaminación por nitratos. Se frenaría el declive de la biodiversidad, especialmente en plantas terrestres y artrópodos, las capturas en caladero nacional aumentarían un 55 % y el desperdicio alimentario se reduciría a la mitad, con una disminución del 96 % de emisiones vinculadas al desperdicio alimentario.
"Señor Planas, estamos ante un problema muy relevante, escuche a la ciencia y a la sociedad, que claman por un sistema alimentario justo, saludable y sostenible. Apoye a quienes cuidan la tierra y el mar, y no a las grandes corporaciones que los destruyen", ha concluido Moreno.
La organización ecologista reclama al ministro una reunión para abordar este problema y presentarle el Modelo Alimentario Sostenible, una propuesta de la organización ecologista que ya le fue enviada, sin respuesta por su parte. Las medidas más urgentes para abordar esta transición y que deben ir incluidas en la futura Ley de Agricultura Familiar son:
- Financiar la transición: crear un Fondo para la Transición Agroecológica para apoyar a la pequeña agricultura y ganadería vinculada al territorio para su transición hacia un modelo agroecológico.
- Limitar el acceso y acaparamiento de tierras y aguas a las grandes corporaciones y a fondos de inversión, y el acceso a fondos públicos, como a aquellos relacionados con el apoyo a la renta de la PAC.
- Apoyo técnico: creación de la figura de personal de apoyo (extensionista agroecológico) e instituciones que apoyen a las explotaciones familiares para la gestión de ayudas o subvenciones y la transición hacia producción agroecológica.
Fomento de los canales cortos de comercialización: como los mercados locales, la dinamización y publicidad de estos para atraer clientela y su atomización por las ciudades. Evitar burocracias y coste excesivo a los agricultores para vender sus productos en estos mercados.