Guía de San Pedro Alcántara
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La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ultima la reorganización del edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarlo a la nueva estructura de los tribunales de instancia, secciones y servicios comunes que contempla la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en la capital entrará en vigor el 31 de diciembre. La redistribución prevé nuevas zonas para mediación y conciliación, salas de declaraciones y la instalación de mostradores de atención al público en varias plantas.
Con la Ley de Eficiencia impuesta por el Ministerio de Justicia, los 39 juzgados unipersonales desaparecen y se integran en un único tribunal con un Servicio Común General, un Servicio Común de Tramitación y un Servicio Común de Ejecución, además de la Audiencia Provincial con su Servicio Común de Tramitación y el Registro Civil.
Para coordinar esta reordenación de espacios y adaptar el edificio a la nueva Ley, tanto el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, como la delegada territorial, Raquel López, han mantenido reuniones con las autoridades judiciales y la junta de personal.
Así, en la Planta Baja se ubicará parte el Servicio Común General y el Registro Civil. En la primera planta estará el resto del Servicio Común General, donde se crearán unos mostradores de atención al público, una nueva zona dedicada a mediación -donde se ubicarán los diferentes servicios en esta materia, PIMA, SEMPA y el futuro SEMCA- y una sala para conciliación.
En la segunda planta se instalará el Gabinete jurídico de la Junta (en la zona contigua Decanato) y, como novedad, se crearán salas de declaraciones en las actuales dependencias de los juzgados de Instrucción. Además, se reservará espacio para una futura ampliación de la sección de Violencia sobre la Mujer.
La planta tercera albergará los servicios comunes de Tramitación y Ejecución Penal, la sección de Vigilancia Penitenciaria y se mantendrá la Audiencia Provincial, mientras que en la cuarta y última planta estarán los servicios comunes de Tramitación y Ejecución Civil, las secciones de lo Contencioso-Administrativo y Social y se mantendrá la Fiscalía. En ambas plantas también se habilitarán mostradores para atención de público.
La plantilla del partido judicial de Córdoba cuenta con 406 funcionarios que ya no trabajarán para un órgano y un juez concreto sino en estructuras flexibles por secciones y servicios comunes. Ello requiere mayor coordinación por lo que la Consejería ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo con 19 puestos de jefatura (uno de ellos en el Registro Civil).
Además, se han transformado dos plazas genéricas en puestos específicos para la sección de Violencia sobre la Mujer, que desde el 3 de octubre ha asumido los delitos sexuales también por la reforma estatal.
El coste en materia de personal supera los 74.000 euros anuales, solo para esta fase III en la capital cordobesa, mientras que la inversión en las pequeñas obras necesarias para reordenación de los espacios tiene un presupuesto de unos 50.000 euros. El consejero José Antonio Nieto ha recordado que la Junta de Andalucía asume estos costes en solitario ya que la Ley de Eficiencia impuesta por el Ministerio de Justicia sin negociación con las comunidades autónomas que tienen que aplicarla carece de memoria económico y no contempla ninguna ayuda económica del Gobierno de España. En total, la implantación completa de la Ley tendrá un coste para las arcas andaluzas de casi 57 millones de euros.
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