WWF apoya el Pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclama medidas concretas para hacerlo realidad

WWF apoya la propuesta de alcanzar un Pacto de Estado por la emergencia climática anunciado por el Presidente Pedro Sánchez ayer, 17 de agosto. La ola de incendios simultáneos que asola gran parte de España ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar una visión de largo plazo y respaldada por un amplio consenso social, basada en la ciencia y en la prevención de los impactos de la crisis climática.

España es uno de los países más afectados por la emergencia climática, por ello, para WWF el objetivo central de este Pacto de Estado debe ser reunir a todas las fuerzas políticas, administraciones, sociedad civil, ciencia, empresas y sindicatos para crear una estrategia nacional que permita mitigar y adaptar España ante los efectos de la emergencia climática, como incendios cada vez más graves, DANAs, sequías prolongadas, lluvias torrenciales y otras catástrofes naturales.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España ha declarado, "España va a ser uno de los países más dañados por la crisis climática. Necesitamos un verdadero Pacto de Estado que blinde las políticas climáticas frente a los vaivenes políticos, garantizar una transición justa y situar a España en la vanguardia de la acción climática en Europa".

Para conseguir que este Pacto de Estado sea realmente efectivo, WWF España reclama al gobierno de España, las Comunidades Autónomas y partidos políticos:

Asegurar que el pacto se apruebe con amplio respaldo parlamentario, garantizando que el Comité de Cambio Climático del Congreso de continuidad de las políticas climáticas más allá de los ciclos electorales. Este Comité debería basarse en la evidencia científica y blindar los compromisos clave.

El Pacto de Estado debe incluir medidas de mitigación climática que comprometa a España a acelerar la transición energética, abandonando progresivamente los combustibles fósiles y alcanzando un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030. Esto requiere reducir la demanda energética con políticas de eficiencia y ahorro, electrificar transporte, industria y climatización, y asegurar que el despliegue de renovables sea compatible con la biodiversidad. Además, debe garantizarse una transición justa, con planes de reconversión y empleo verde para los territorios y trabajadores hoy dependientes de los combustibles fósiles, asegurando que la lucha climática se traduzca en desarrollo sostenible y cohesión social.

El Pacto de Estado debe priorizar la ordenación, gestión y restauración del territorio como medida estructural frente a incendios, inundaciones y sequías. Esto implica recuperar espacios fluviales, reforestar cuencas, diversificar las zonas rurales generando paisajes resilientes y promover una gestión forestal sostenible que reduzca la acumulación de biomasa y, con ello, la virulencia de los incendios.

La adaptación al cambio climático debe convertirse en un pilar estratégico del Pacto de Estado, con medidas que reduzcan la vulnerabilidad de España frente a fenómenos extremos cada vez más intensos -como incendios explosivos, DANA, sequías prolongadas e inundaciones torrenciales-. Para ello, es necesario integrar los escenarios climáticos en la planificación hidrológica, forestal, agraria, energética y urbana, asegurando caudales ecológicos, reservas de agua y evitando nuevas construcciones en zonas de riesgo. Junto a ello, se debe apostar por soluciones basadas en la naturaleza —restauración de riberas, bosques de cabecera, humedales, suelos — y por infraestructuras resilientes, corredores fluviales restaurados y la protección de infraestructuras críticas.

La preparación ante emergencias requiere mejorar sistemas de alerta temprana y reforzar los protocolos de evacuación en zonas vulnerables. Además, el Pacto debe impulsar un modelo productivo más resiliente apoyando la ganadería extensiva, la agroecología y el consumo sostenible, al tiempo que garantiza una transición justa para los sectores rurales y laborales más expuestos.

En definitiva, la adaptación no debe limitarse a reaccionar tras los desastres, sino transformar la gestión del territorio y los recursos en una hoja de ruta a largo plazo que haga al país más seguro y resiliente frente a la emergencia climática.

Aprobar un marco normativo de carácter estatal que obligue a planes anuales de prevención y adaptación, acompañado de presupuestos específicos y estables. Impulsar la fiscalidad verde y garantizar que los fondos europeos se destinen a restauración y resiliencia, evitando soluciones de corto plazo.

Apoyar a la ciudadanía ampliando su conocimiento acerca de estos fenómenos y acompañar a las comunidades para que sean más resilientes ante ellos (educación ambiental, planes de autoprotección comunitaria y formación para actuación en caso de emergencia).

El pacto debe integrar a comunidades autónomas, entidades locales, empresas, sindicatos, sectores, científicos y ONGs. Esto incluye apoyar la ganadería extensiva y modelos agroecológicos que reduzcan la vulnerabilidad, incentivar el consumo local que sostenga el paisaje rural y garantizar una transición justa que combine mitigación de emisiones y adaptación en sectores clave (energía, agricultura, agua, infraestructuras).