El Defensor del Pueblo recuerda a las administraciones que deben reforzar la prevención y la coordinación en la lucha contra los incendios

La institución Defensor del Pueblo recogió en su Informe 2023 una actuación, implementada en 2022, en la que se emite un recordatorio de deberes legales para instar a las administraciones a mejorar y reforzar las medidas de prevención y de coordinación en la lucha contra los incendios forestales, ante el escenario de constante incremento del número y gravedad de los incendios, como consecuencia, entre otras causas, del cambio climático.

Tras concluir una veintena de actuaciones de oficio con las consejerías competentes de todas las comunidades autónomas, las diputaciones forales, las dos ciudades autónomas y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dirigió un recordatorio de deberes legales (se adjunta extracto) en los que incidió en la necesidad de aplicar políticas destinadas a favorecer la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego y una correcta ordenación de los usos del suelo. Además, instó a intensificar la coordinación administrativa y la coherencia entre las políticas públicas relacionadas.

Según trasladó entonces el Defensor del Pueblo a las administraciones, "el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios que obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible. Debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención", aseguró.

Por ello, urgió a las administraciones públicas "a asumir el aumento de recursos públicos que van a ser necesarios para atender las labores de extinción y acometer la restauración de los montes" y destacó que la prevención de los incendios y la minimización de sus impactos, desde un enfoque ambiental y sostenible, debían convertirse en elementos centrales de la gestión forestal".

El Defensor del Pueblo recuerda que no tiene capacidad ejecutiva, pero que la institución, en virtud de las atribuciones recogidas en la Ley Orgánica 3/1981 que la regula, está en disposición de recordar la legislación y supervisar posteriormente a las administraciones en su actuación. En todo caso, la institución seguirá supervisando el cumplimiento de los deberes legales, también en este caso.

Ángel Gabilondo, en nombre de toda la institución, hace llegar el pésame a los familiares de las víctimas, y el apoyo a todos los afectados por las pérdidas que les haya podido ocasionar esta catástrofe.