España aprueba un techo de gasto de 212.026 millones de euros que refuerza el compromiso con el Estado de bienestar y el rigor presupuestario

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se fijan los Objetivos de Estabilidad en el periodo 2026-2028 y el límite de gasto no financiero para el próximo ejercicio. El techo de gasto, que alcanzará los 212.026 millones de euros, se incrementa sin comprometer el rigor presupuestario. El Gobierno mantiene su hoja de ruta, que consiste en reducir la deuda y el déficit público a la vez que se refuerza el Estado del Bienestar. Unos objetivos que son compatibles por el buen comportamiento de la economía española, cuyo crecimiento triplicará al del conjunto de la Zona Euro y que está batiendo récords de empleo y de reducción del paro. Situación a la que han contribuido los fondos europeos, los cuales han sido asumidos con éxito por el tejido productivo.

El techo de gasto 'nacional', el que no incluye los fondos europeos, crece un 8,5% con respecto al de 2025. El incremento, de 16.674 millones de euros, va en la línea de mantener la apuesta por unas cuentas públicas ambiciosas que encajen con el cumplimiento de las reglas fiscales, como ha señalado La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este techo de gasto contempla además una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social. Esto sirve para cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo que tienen con fin salvaguardar el sistema de pensiones y prestaciones. Su impacto será asumido por completo por la Administración Central.

En cuanto al límite de gasto no financiero total, que tiene en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, este alcanza los 216.177 millones de euros. Lo que implica un aumento del 8,5% y 17.007 millones de euros para el año 2026. Será en este ejercicio cuando se incluyan por última vez los fondos provenientes de Europa canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se creó como respuesta a la pandemia de coronavirus. Un último año que consolidará por completo su impacto positivo en la actividad económica del país, después de que España haya recibido 55.000 millones de euros en transferencias y sea el país de la UE líder en recepción de fondos no reembolsables.

Estos datos serán la base del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Unas cuentas públicas que perseverarán en el refuerzo de las políticas sociales y que tendrán como gran protagonista un aumento considerable de las políticas de vivienda, tal y como ha señalado Montero. De esta manera, se cumplirán los compromisos de estabilidad presupuestaria sin dejar de lado la mejora de los servicios a los ciudadanos y de su calidad de vida.

A lo anterior hay que sumar el compromiso de continuar con una reducción notable de deuda y déficit. Algo que atestiguan los datos, con el déficit público cayendo cuatro años seguidos desde su máximo del -9,9% del PIB en 2020 hasta situarse en el -2,8% a cierre de 2024.

El Acuerdo de los Objetivos de Estabilidad aprobado por el Consejo de Ministros recoge los objetivos de déficit para los subsectores en el periodo 2026-2028. En ese trienio, la Administración Central será la que asuma el mayor esfuerzo de reducción para cumplir los compromisos con Europa. Lo que facilitará que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales refuercen con toda garantía los servicios públicos que ofrecen a sus poblaciones.

En 2026, el conjunto de las Administraciones Públicas deberá situar su déficit en el -2,1%. Para 2027 y 2028, se reducirá al -1,8% y el -1,6% respectivamente.

Para lograr ese hito, la Administración Central asumirá la responsabilidad de ser la que encabece la reducción del déficit público. En el primer año de la senda, el próximo, su dato deberá estar en el -1,8%; en 2027, el objetivo será del -1,5%; y en 2028, del -1,4%. La ministra de Hacienda ha explicado que estos datos tienen en cuenta las transferencias a la Seguridad Social, que son asumidas en su totalidad por esta Administración, que suponen el -1,4%. A esto se suma otra décima por el impacto del reparto del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas, lo que reducirá los ingresos del Estado y elevará los recursos autonómicos.

Para los próximos tres años, el objetivo de estabilidad autonómico será del -0,1%. En la medida en que el objetivo de estabilidad es el mismo para todo el período y que los recursos procedentes del Estado seguirán aumentando, las comunidades tendrán margen para incrementar su inversión en sanidad, educación o vivienda.

Los Ayuntamientos y las Entidades Locales deberán situarse en el equilibrio presupuestario, tal y como aprobó la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL). Hay que recordar que, en los dos últimos ejercicios cerrados, las entidades locales registraron superávit presupuestario.

Por último, la Seguridad Social tendrá una senda del -0,2% para 2026 y 2027, mientras que para 2028 deberá reducir su déficit al -0,1%.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha destacado que las CCAA recibirán los mayores recursos de su historia en el año 2026. Tal y como explicó Montero a los consejeros de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que percibirán un total de 157.731 millones de euros en entregas a cuenta. Un 7% más que en 2025.

Esta cifra es superior a la que se les comunicó el pasado mes de julio, y que se ha revisado gracias al buen comportamiento de la economía. Y si se tiene en cuenta la previsión de liquidación para 2024, los territorios recibirían entre EECC y liquidación hasta 170.300 millones de euros. El incremento en este caso será del 7,7% en comparación a 2025.

Los recursos para las Entidades Locales (EELL) también baten un nuevo récord. Ayuntamientos y corporaciones recibirán en entregas a cuenta 29.246 millones de euros en 2026, un 8,7% más que en 2025. Si a esto se le suma la liquidación de 2024, al ámbito local llegarán 30.216 millones de euros del sistema de financiación, un 4,6% más.

El Acuerdo del Consejo de Ministros recoge los objetivos de deuda pública para ese periodo 2026-2028, en los que se reitera el compromiso de continuar reduciéndola de manera firme, tal y como ha ocurrido desde el máximo que se alcanzo a causa de la pandemia en el primer trimestre de 2021.

La nueva senda determina que el conjunto de las Administraciones Públicas tendrá que reducir su deuda en 2026 al 100,9% del PIB. En 2027, el recorte deberá llegar al 100%. Y en 2028, la deuda pública deberá caer hasta el 99,1%.

En cuanto a la regla de gasto, la tasa de referencia nominal para 2026 es del 3,5%. En 2027, será del 3,4%. Y en 2028, del 3,2%.