El Gobierno inicia los trámites de un proceso de regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya viven en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de una regularización extraordinaria dirigida a personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de garantizar derechos y dotar de seguridad jurídica al sistema.

Se trata del primer hito dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, con el que España refuerza su modelo de política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado en rueda de prensa que se trata de "una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que ya existe en nuestras calles, en nuestras empresas y en nuestra sociedad".

El proceso estará dirigido a todas las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, por un periodo mínimo de 5 meses, una circunstancia que podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.

Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema. "La propia autorización de residencia permitirá trabajar, desde el primer día, en cualquier sector y en cualquier parte de España", ha añadido.

Según ha destacado Elma Saiz, "el mecanismo que hemos diseñado es sencillo y persigue romper con las barreras burocráticas del pasado". En este sentido, el plazo de tramitación será de máximo 3 meses, pero con la mera admisión a trámite de las solicitudes -la cual se resolverá en un máximo de 15 días-, las personas podrán empezar a trabajar.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, dando respuesta a una realidad administrativa y social existente en nuestro país.

Este desarrollo normativo beneficia tanto a las personas trabajadoras como a las empresas. "El trabajador gana derechos y el empresario gana seguridad jurídica. Con esta medida estoy convencida de que reduciremos la economía sumergida y ayudaremos a romper el círculo de explotación laboral", ha afirmado la ministra.

Otro de los pilares del proyecto normativo es la protección de la unidad familiar. El proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de 5 años.

"Sabemos que la integración no es individual, es familiar", ha recordado Elma Saiz, destacando la importancia de ofrecer estabilidad y derechos a los menores y a los proyectos de vida que ya se desarrollan en nuestro país.

La ministra ha enmarcado esta medida en una larga trayectoria histórica de España abordando procesos de regularización cuando la realidad social así lo ha exigido. "Desde 1986 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización. Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable es el que actúa para ordenarla, no el que mira hacia otro lado", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que esta iniciativa "retoma el camino marcado por una iniciativa ciudadana respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso", que ha permanecido bloqueada durante meses.

"Llegados a este punto, la vía reglamentaria es la más rápida, eficaz y garantista para dar una respuesta inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal", ha concluido.