FACUA denuncia a Ryanair, Iberia, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Iberia, Ryanair, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo.

La asociación ha podido comprobar que estas cuatro aerolíneas comercializan estos bonos como una opción flexible que permite al beneficiario utilizar el dinero en un momento posterior pero dentro de un determinado periodo de validez.

En la práctica, estas tarjetas regalo tienen carácter prepago, ya que el usuario carga en ella un importe determinado para que el beneficiario pueda utilizar posteriormente dicho saldo en la compra de billetes de avión, debiendo canjearla en un plazo máximo de un año en Ryanair, Iberia y Wizz Air, y dos años en Transavia.

En el caso de Ryanair, además, cobra un importe adicional en concepto de "tasa administrativa" cuyo precio varía en función del método de emisión de la tarjeta que se elija (dos euros en formato digital y cinco euros en formato físico).

El hecho de que estas cuatro aerolíneas impongan un plazo para la utilización de sus tarjeta regalo, transcurrido el cual esta caduca sin posibilidad de recuperar el saldo cargado, constituye una práctica abusiva, ya que se limita injustificadamente los derechos del consumidor y evidencia una clara falta de reciprocidad contractual.

Esta práctica permite a las compañías resolver unilateralmente el contrato una vez transcurrido el plazo de un año (dos en Transavia) desde la adquisición de la tarjeta y apropiarse del importe abonado sin que se haya producido prestación alguna a favor del consumidor.

FACUA recuerda que la Comisión de Cooperación de Consumo ya determinó en 2011 la abusividad de esta cláusula en las tarjetas regalo de ciertas empresas al considerar que se trata "una condición general incorporada a un contrato, no negociada individualmente y que, en perjuicio del consumidor, produce un desequilibrio importante entre los derechos de ambas partes que es contrario a la buena fe, en la medida en que limita los derechos del consumidor".

Ese mismo año, la Junta de Andalucía multó con 20.000 euros a una cadena de establecimientos del sector textil tras detectar que ofertaban tarjetas regalo con fecha de caducidad.

Asimismo, la asociación considera que la "tasa administrativa" que impone Ryanair es en sí otra práctica abusiva, pues carece de justificación objetiva y supone un coste adicional para el consumidor sin que reciba ninguna prestación accesoria.

El artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias deja claro que "son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en particular la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el contrato".

En relación a la "tasa administrativa" que aplica Ryanair, el artículo 89 de esta misma norma recoge como cláusulas abusivas "la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados" y "los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación".

Por todo ello, FACUA pide al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra expedientes sancionadores a Iberia, Ryanair, Transavia y Wizz Air por aplicar cláusulas abusivas con la imposición de fechas límite para hacer uso de las tarjetas regalo.

Aquellas personas que hayan comprado tarjetas regalo de alguna de estas cuatro aerolíneas y no hayan podido utilizarlas porque se les ha pasado el plazo establecido pueden acudir a la asociación para recibir asesoramiento y que defiendan sus intereses como consumidor.