El Ministerio de Sanidad ha presentado esta mañana el informe anual sobre agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondiente a 2025. Los datos, elaborados a partir de la información remitida por las comunidades autónomas, reflejan que durante el pasado año se notificaron 18.563 agresiones, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público.
En términos interanuales, el número de agresiones notificadas aumentó en 1.493 casos respecto a 2024, lo que supone un incremento del 8,74%. No obstante, el informe señala que el ritmo de crecimiento se ha moderado en comparación con años anteriores, ya que entre 2023 y 2024 el incremento alcanzó el 15,74%.
La mayor parte de los incidentes registrados corresponden a agresiones de carácter no físico, que incluyen insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios. En 2025, estas situaciones representaron el 84,5% del total de las agresiones notificadas, mientras que las agresiones físicas supusieron el porcentaje restante.
Por nivel asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.
El análisis de las notificaciones muestra además que las mujeres concentran la mayoría de las agresiones. En concreto, el 80% de las agresiones registradas afectaron a mujeres, frente al 20% correspondiente a hombres, una distribución que guarda relación con la composición de la plantilla sanitaria, en la que aproximadamente el 76% de los profesionales son mujeres.

En cuanto a la edad, la mayor parte de las agresiones se concentra en profesionales de entre 25 y 55 años, siendo el grupo de 25 a 35 años el que registra el mayor número de notificaciones. Por categorías profesionales, el personal facultativo y el personal de enfermería continúan siendo los colectivos que registran un mayor número de agresiones, lo que se explica por su contacto directo y permanente con pacientes y acompañantes a lo largo del proceso asistencial.
En la mayoría de los casos, la persona agresora es el propio usuario o paciente, que concentra el 71% de las agresiones notificadas, mientras que el 29% corresponde a familiares o acompañantes.
Por sexo de la persona agresora, los hombres representan el 57% de los casos, frente al 43% de mujeres entre las agresiones en las que se dispone de esta información.
Respecto a la reincidencia, el informe señala que el 53% de las agresiones corresponden a personas no reincidentes, mientras que el 27% de los agresores ya habían protagonizado incidentes previos, lo que evidencia la existencia de un grupo de usuarios con conductas reiteradas de violencia hacia el personal sanitario.
Respecto a las causas de las agresiones, el informe señala que los motivos más frecuentes están relacionados con la atención recibida (29%), seguido de las demandas del propio usuario o paciente (28%) y de aquellas asociadas al acto sanitario o administrativo realizado (15%). En comparación con 2024, estas tres categorías muestran un ligero descenso —del 32% al 28% en el caso de las demandas del usuario, del 32% al 29% en la atención recibida y del 17% al 15% en el acto sanitario o administrativo—, lo que refleja una variación moderada en la distribución de los factores que desencadenan estos incidentes.
Las agresiones se producen principalmente en consultas y espacios de atención directa al paciente, seguidos de áreas de hospitalización y servicios de urgencias. Estos entornos concentran una mayor interacción con usuarios y acompañantes, lo que incrementa la exposición a situaciones conflictivas.
El informe destaca que el incremento de las notificaciones en los últimos años puede estar vinculado, entre otros factores, a una mayor sensibilización y cultura de denuncia entre los profesionales, así como a la mejora de los sistemas de registro y comunicación de incidentes en los servicios de salud.
Las administraciones sanitarias continúan desarrollando protocolos de actuación, campañas de sensibilización y sistemas de registro de agresiones, con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la respuesta institucional y garantizar el apoyo a los profesionales afectados.
En paralelo, el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, actualmente pendiente de tramitación, incorpora medidas orientadas a reforzar la protección de los profesionales. Entre ellas, se contempla el reconocimiento del personal sanitario como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de reforzar su protección frente a agresiones y garantizar el respeto debido a su labor asistencial.
El Ministerio de Sanidad reitera su compromiso con la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra los profesionales sanitarios, y subraya la importancia de continuar reforzando la coordinación entre administraciones públicas, servicios de salud y fuerzas de seguridad para prevenir estos incidentes y garantizar entornos asistenciales seguros.





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