WWF denuncia el intento de las CCAA de avalar la caza del lobo ibérico ignorando la ciencia

WWF España ha analizado el informe elaborado por la Xunta de Galicia y apoyado por CCAA, entre las que están Asturias, Castilla y León y Cantabria, que se ha hecho público esta mañana y que pretende obligar al MITECO a remitir a la Comisión Europea una evaluación favorable del estado de conservación del lobo ibérico. El objetivo de esta iniciativa es lograr que la especie sea finalmente declarada en estado de conservación favorable para reabrir su caza y continuar con la persecución de una especie que sigue enfrentándose a riesgos graves y estructurales.

Este informe autonómico se ha hecho público después de que las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), y otras como el Fondo Lobo, solicitaran oficialmente el 16 de abril al MITECO la publicación de los informes sobre la evaluación de la situación del lobo, tanto los elaborados por el propio ministerio como los de las comunidades autónomas, así como toda la información disponible.

Esta solicitud se fundamentó en el derecho de acceso a la información ambiental reconocido en el Convenio de Aarhus y en la legislación estatal sobre información ambiental, dada la enorme trascendencia pública de esta evaluación y sus consecuencias para la conservación de la especie.

Tras analizar toda la información de dominio público, WWF manifiesta su apoyo al informe técnico elaborado por el Ministerio, que concluye que el lobo se encuentra en estado de conservación desfavorable-inadecuado en la región atlántica y desfavorable-malo en la mediterránea.

Esta conclusión se basa en la mejor ciencia disponible, está alineada con la metodología de la Comisión Europea y es plenamente coherente con el principio de precaución que debe regir la conservación de especies protegidas.

WWF respalda el informe del Ministerio porque incorpora avances científicos esenciales, especialmente en genética y viabilidad poblacional, y no se limita a repetir criterios obsoletos o censos históricos. La evaluación ministerial deja claro que el número de manadas por sí solo no garantiza la conservación de la especie y que la población ibérica presenta problemas graves. Entre ellos, la baja diversidad genética, elevada endogamia y escasa conectividad interna, factores que reducen su capacidad de adaptación y supervivencia futura. Asimismo, el informe identifica una elevada mortalidad de origen humano, incluida la derivada de la caza furtiva y los atropellos, que puede situarse en niveles incompatibles con la viabilidad de la población.

Para WWF, el informe del MITECO aplica correctamente las directrices del artículo 17 de la Directiva Hábitats, ya que evalúa la población, el hábitat y las perspectivas futuras a escala biogeográfica, tal y como exige la Comisión Europea. Asimismo, respeta el principio clave del sistema europeo que establece que, si uno de los parámetros es desfavorable, la conclusión global también lo será. Además, ante las incertidumbres existentes, el Ministerio actúa con prudencia aplicando el principio de precaución en lugar de utilizar la falta de datos completos como excusa para reducir la protección del lobo.

Frente a ello, WWF muestra su sorpresa por el informe de las comunidades autónomas, ya que carece de argumentos científicos suficientes para sustentar un cambio en la clasificación actual y, por tanto, la declaración de estado de conservación favorable.

El informe que las comunidades autónomas con mayor presencia de lobo pretenden imponer se basa en datos fragmentados e incompletos, muchos de los cuales han sido reconocidos como mínimos. No ofrece evaluaciones sólidas de la mortalidad ni de la estructura de la población a una escala adecuada y minimiza sistemáticamente las presiones a las que está sometida la especie. Además, no sigue de forma rigurosa la metodología establecida por la Comisión Europea y fuerza interpretaciones favorables que contradicen el espíritu y la letra de las evaluaciones sexenales exigidas por la normativa comunitaria.

WWF también denuncia que el objetivo político de reabrir la caza del lobo y continuar con su persecución para satisfacer intereses sectoriales y posicionamientos políticos concretos está detrás de este informe autonómico. Esta finalidad condiciona todo el análisis y convierte el informe en una herramienta de legitimación política en lugar de en una evaluación científica independiente, como exige la Comisión Europea.

Por último, la organización considera especialmente grave que las citadas comunidades autónomas estén intentando imponer la caza del lobo por esta vía ante los continuos reveses judiciales, y que pretendan que se remita a la Comisión Europea su informe y no el elaborado por el Ministerio. Para ello, han recurrido a una modificación introducida en la Ley contra el Desperdicio Alimentario que altera el sistema seguido hasta ahora, utilizando una argucia legal para cambiar las reglas del juego en un asunto de enorme trascendencia ambiental.

"Estamos ante una maniobra irresponsable que pone en riesgo la credibilidad de España ante la Comisión Europea y debilita la política de conservación de la biodiversidad de nuestro país", ha concluido Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Y concluye: "La protección del lobo no puede quedar supeditada a intereses a corto plazo. La ciencia, el derecho europeo y la responsabilidad con las generaciones futuras obligan a mantener su nivel de protección y su estatus de especie en estado de conservación desfavorable".