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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe de la institución correspondiente al año 2025.
Ángel Gabilondo, que ha acudido a la Cámara Baja junto a Teresa Jiménez-Becerril, adjunta primera, y Patricia Bárcena, adjunta segunda, ha señalado que "el Informe es una garantía esencial de derechos y libertades, reflejando nuestra labor de supervisión, porque los derechos fundamentales hay que defenderlos, supervisarlos y exigirlos cada día, en todos los niveles y manifestaciones de la actividad administrativa".
A juicio del Defensor "este Informe no es aséptico, está imbuido de la coyuntura actual reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que, a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles, confían en las instituciones, y en este caso en el Defensor del Pueblo, para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas".
Más de 38.000 expedientes
En 2025, la institución Defensor del Pueblo tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la institución atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de una forma presencial.
Los expedientes tramitados provocaron la formulación de 2.059 resoluciones dirigidas a las administraciones estatal, autonómica y local. De ellas, 721 fueron recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales.
Asuntos destacados
Además de los datos estadísticos, el Defensor del Pueblo ha destacado que el Informe incorpora una selección de asuntos relevantes que tienen que ver, entre otros, con la protección de los menores; con el apoyo a las personas mayores, bien sea con motivo de las dificultades que encuentran en el ejercicio de sus derechos en la justicia civil, o bien a propósito del acceso a la pensión de jubilación; con los inconvenientes que se encuentran los solicitantes de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería; con el trato desigual que sigue sufriendo la comunidad gitana; con cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, o por las dificultades de su acceso al empleo público; con la trata de seres humanos con fines de explotación laboral; cuestiones relacionadas con Educación; con el medio ambiente, o con las devoluciones en el IRFP a mutualistas.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha señalado en su comparecencia que hay problemas que persisten en el tiempo, como las dilaciones judiciales; las homologaciones de las titulaciones de los estudios extranjeros; las listas de espera sanitarias; la atención al ciudadano a través de citas previas; los retrasos en expedientes de nacionalidad, o la falta de personal sanitario en los centros penitenciarios.
En materia de Justicia, Ángel Gabilondo ha destacado las quejas relativas a dilaciones. En este sentido ha recordado que se han formulado recomendaciones sobre la carga de trabajo, especialmente en asuntos con sensibilidad social (apoyos a personas con discapacidad, filiación, matrimonio, menores, jurisdicción social o contenciosa). Así, indicó que "se precisa mayor estabilidad de personal y mecanismos procesales para mejorar la capacidad de resolución".
En relación con la labor de supervisión de los centros penitenciarios, el Defensor del Pueblo ha apuntado que, ante cada fallecimiento en prisión, la institución actúa de oficio. En 2025 en 8 ocasiones. Una de estas actuaciones derivó en un recordatorio para extremar la diligencia en la transmisión de condolencias a familiares o allegados de personas fallecidas bajo custodia. Ángel Gabilondo también ha querido llamar la atención ante la grave situación de la atención sanitaria en las prisiones.
Sobre Educación, el Defensor del Pueblo ha señalado que el Informe subraya que la equidad en la educación y la atención integral al alumnado conforme a los principios de normalización e inclusión "deben acompañarse de recursos suficientes y eficientes, si no queremos que se convierta en un simple enunciado programático". En este sentido ha subrayado que "los recursos son limitados, pero los gestores públicos deben tener la sensibilidad de asignarlos correctamente, priorizando a quienes más los necesitan".
Respecto a la Administración sanitaria, las quejas por las listas de espera para primera consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica, en la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, siguen siendo las más numerosas.
Ángel Gabilondo también ha recordado la actuación de oficio iniciada con todas las administraciones sanitarias sobre la situación en la que se encuentran pacientes que, por distintas razones, ven prolongada su estancia en centros hospitalarios de agudos. Así, ha reiterado que ha trasladado a las administraciones sanitarias la conveniencia de contar con un indicador de gestión hospitalaria que contemple este fenómeno.
Se ha referido, asimismo, a las actuaciones realizadas en materia de salud mental. El Defensor del Pueblo ha explicado que se han visitado hospitales especializados en Segovia, Albacete y Madrid donde se han puesto de manifiesto algunos de los problemas generales de este ámbito: la poca disponibilidad de especialistas, psiquiatras, pero también profesionales de terapia ocupacional, y la insuficiencia de camas en las unidades infantojuveniles, que obligan puntualmente a ingresar a los menores junto con los adultos.
Por otra parte, ha destacado el gran volumen de quejas en lo que tiene que ver con Seguridad Social y desempleo. Principalmente están referidas al reconocimiento y gestión de la incapacidad laboral, la recaudación ejecutiva de deudas, la jubilación y otros complementos -como los mínimos por hijos-, el ingreso mínimo vital, los subsidios de desempleo o el cese de actividad de autónomos, retrasos en pensiones no contributivas autonómicas, y reintegros de prestaciones indebidas.
En relación con el sistema de protección de menores, Ángel Gabilondo ha apuntado que "las situaciones de desamparo de niños, niñas y adolescentes nos llevan a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas por las entidades de protección al principio de interés superior del menor. Buscando lo que más se ajusta a su seguridad y su bienestar, así como su horizonte de futuro".
El Defensor del Pueblo se ha referido, además, al informe Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados presentado en 2025, en el que se considera que hay que trabajar para la plena integración de toda la infancia extranjera que está en España, tanto aquella que se encuentra junto a sus progenitores como aquella que ha realizado su periplo migratorio sin referentes adultos. En su opinión, "ese debería ser el objetivo y es la recomendación del informe- tanto de las comunidades autónomas como a la Administración General del Estado".
En materia de vivienda, el Defensor del Pueblo ha señalado que las quejas recibidas durante 2025 constatan las dificultades de acceso a la vivienda en compra y alquiler. Así, ha remarcado que en este ejercicio volvió a trasladar a los actores con competencia en la materia "la necesidad de incrementar la oferta de viviendas en nuestro país y la imperiosa necesidad de incrementar de manera significativa el parque de vivienda pública y protegida de precio limitado destinado al alquiler. También se insistió en la necesidad de mantener, ampliar y agilizar los programas de ayudas al pago del alquiler para paliar el sobresfuerzo de los hogares".
Ángel Gabilondo también ha destacado que han sido motivo de especial preocupación las personas que trasladaron que iban a ser objeto de un desahucio judicial inminente de su vivienda habitual. En este sentido, dijo el Defensor del Pueblo "admitimos las quejas y tratamos de verificar que se cumplen las garantías asistenciales que determina la Ley".
Asimismo se ha referido a la actuación ante la Secretaría de Estado de Hacienda por la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las indemnizaciones que está abonando la Iglesia católica por abusos sexuales. Esta recomendación ha sido aceptada por el Ministerio de Hacienda recientemente.
En materia de protección del medio ambiente se ha referido a las 279 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad recibidas contra varios preceptos de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que modificaron el régimen de protección que recibía hasta ese momento el lobo. Por otra parte, ha recordado la ola de incendios forestales que motivó que la institución insistiera en la vigencia de los recordatorios de deberes legales, formulados en 2023 para mejorar y reforzar las medidas de prevención y la coordinación en la lucha contra los incendios forestales.
Ángel Gabilondo ha explicado, además, la actividad realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP), que en 2025 realizó 63 visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a un total de 67 actuaciones. De estas actuaciones se derivaron 396 resoluciones de las cuales 96 fueron recomendaciones, 288 sugerencias y 12 recordatorios de deberes legales.
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