Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico, ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, que ha aprobado por unanimidad el reparto territorial del presupuesto del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial para 2026, con un importe de 23,1 millones de euros.
Este presupuesto se repartirá entre las distintas comunidades y ciudades autónomas atendiendo a criterios económicos, sociales y relativos a la densidad de población, y financiará proyectos que generen oportunidades de desarrollo económico y social, consolidando la cohesión territorial.
"Esta Conferencia Sectorial es fruto y da continuidad al trabajo realizado, consolida al Fondo de Cohesión y Transformación Territorial como instrumento de cooperación, con impacto en la puesta en marcha de proyectos innovadores, y que defiende un modelo de gobernanza conjunto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", ha señalado Boya.
Más de 200 millones para el desarrollo rural
En los últimos seis años, se han distribuido más de 200 millones en la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico a las comunidades autónomas, tanto a través de los Presupuestos Generales del Estado como mediante los componentes de bioeconomía y de capacitación digital del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Boya ha puesto en valor las líneas de actuación ejecutadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la mayoría de ellas en colaboración con otras administraciones, que hoy permiten dibujar un escenario con importantes avances en conectividad digital e innovación y en el que un 40% de los municipios de menos de 5.000 habitantes crecen en población.
Impulsar un modelo territorial policéntrico
El Fondo de Cohesión y Transformación Territorial busca impulsar un modelo territorial policéntrico, fomentando un desarrollo local, social, económico y medioambiental integrado e inclusivo, que se desarrolle de forma prevalente en pequeñas y medianas localidades y ciudades a partir de sus propias potencialidades.
Las acciones que desarrollen las comunidades autónomas deberán promover medidas de ordenación del territorio que favorezcan un nuevo modelo productivo-territorial.
Asimismo, tendrán que abordar los desequilibrios territoriales en lo referente al acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales en zonas con dificultades demográficas, promover medidas para incentivar la actividad económica en zonas en situación de vulnerabilidad territorial y declive demográfico, e impulsar el desarrollo sostenible y el bienestar de los habitantes de su área de influencia.





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