Greenpeace alerta del doble riesgo de las tormentas: nuevos incendios por rayos y arrastre de cenizas contaminantes

Ante la previsión de tormentas intensas y eléctricas en diferentes zonas del país, Greenpeace advierte de un nuevo escenario de riesgo en los territorios castigados por los incendios. La organización ecologista advierte de que la actividad eléctrica podría provocar nuevas igniciones por rayo y que las lluvias intensas agravan la erosión y arrastran cenizas y sedimentos contaminantes en las zonas quemadas.

Si bien es cierto que las precipitaciones pueden contribuir a reducir la intensidad del fuego y favorecer las labores de control y extinción, las fuertes rachas de viento y los cambios bruscos de dirección asociados a estos episodios pueden provocar propagaciones rápidas, reactivar focos y complicar la seguridad y el trabajo de los dispositivos de extinción.

"No podemos olvidar los incendios ya extinguidos. Es crucial que se implementen medidas para estabilizar la emergencia, es decir, diques acolchados que eviten que, cuando llueva, las cenizas lleguen a cursos de agua. Igual que la extinción de los incendios debe comenzar con la prevención y gestión forestal, las medidas posincendio no pueden esperar", ha señalado Mónica Parrilla de Diego, ingeniera forestal y responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.

Greenpeace recuerda que, en España, los rayos constituyen la única causa natural de incendio forestal y que la previsión de tormentas eléctricas aumenta el riesgo de que se produzca un fuego.

Diversos estudios científicos alertan de que el aumento de las temperaturas provocará un incremento significativo de los relámpagos y rayos: se estima que por cada grado Celsius de más, la frecuencia de descargas eléctricas crecerá alrededor de un 12% (1). Si se mantiene la tendencia actual, el número de incendios originados por rayos podría aumentar hasta un 40% (2) antes de finales de siglo. Ante esta situación, Greenpeace reclama prevención y una gestión responsable del territorio y, para ello, se estima que serían necesarios 1.000 millones de euros al año.

Las tormentas eléctricas vienen acompañadas de lluvias intensas que suponen un riesgo añadido para las zonas incendiadas. El agua moviliza cenizas, sedimentos y contaminantes y los arrastra hacia barrancos, ríos, embalses, captaciones de agua y zonas de baño, con impactos sobre la calidad del agua, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones. Esto puede ocurrir incluso muchos meses y años después, como se demuestra en las zonas quemadas de 2025, que sufrieron el impacto de las lluvias de junio con arrastre de cenizas en pantanos y playas fluviales. Las tres provincias más afectadas siguen sufriendo las consecuencias de las llamas debido a las tormentas del verano: en Porto (Zamora), hay cenizas en las playas fluviales; en Valdeorras y Viana de Bolo (Ourense), hay 22 inmuebles dañados, o la terrible riada en Fornela, Peranzanes (León), que arrastró lodo negro. También en los incendios más recientes están llegando cenizas a playas.

"La emergencia no termina cuando se apagan las llamas: urge anticiparse, proteger los suelos y evitar que las lluvias conviertan las consecuencias de los incendios en una nueva emergencia ambiental", sostiene Parrilla de Diego.

Ante esta situación, Greenpeace reclama a las Administraciones públicas que establezcan protocolos y medios para una evaluación de las zonas incendiadas que permita apoyar de forma eficaz la toma de decisiones sobre actuaciones urgentes de estabilización posincendio. Los grandes incendios actuales exigen incorporar una respuesta inmediata y especializada capaz de actuar en las primeras semanas y meses tras el fuego, cuando se concentra el mayor riesgo hidrológico y erosivo.

Las medidas son efectivas. Tras el incendio de Las Médulas, un informe del CSIC constató la eficacia de las actuaciones tempranas de estabilización posincendio. Entre ellas destacó la aplicación de acolchado o mulching con paja agrícola en las zonas más afectadas, una técnica que logró reducir la erosión del suelo en un 85% de media, confirmando su utilidad para minimizar los impactos ambientales y favorecer la recuperación del territorio.

Greenpeace presentó recientemente el informe "Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar". La adaptación a este nuevo escenario exige superar una gestión centrada únicamente en la extinción, apostar por la prevención, la preparación de las comunidades y la protección y restauración de los territorios afectados.